EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno ha endurecido su discurso migratorio tras la crisis de Ceuta y varios ministros socialistas prometen devolver a Marruecos a todas las personas que entraron irregularmente entre el 30 y el 31 de julio.
- ¿Quién está detrás? José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, y Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
- ¿Qué impacto tiene? La promesa choca con la Ley de Extranjería y la protección internacional: los menores no acompañados y los solicitantes de asilo no pueden ser expulsados de forma exprés, por lo que Moncloa busca un retorno concertado, individualizado y con garantías.
El Gobierno del PSOE ha endurecido su discurso sobre inmigración en Ceuta y promete expulsar a todas las personas que entraron irregularmente. El anuncio llega con los servicios de acogida de la ciudad autónoma aún desbordados y la presión de varios socios europeos sobre La Moncloa.
El endurecimiento del discurso del Gobierno
José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, lo verbalizó esta semana en Ceuta: ‘Estamos comprometidos a que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos’. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, sumó a ese mensaje la intención de que los menores no acompañados sean reagrupados con sus familias en Marruecos.
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha pedido abiertamente el retorno de todas las personas que llegaron en la crisis del 30 y 31 de julio. Su posición coincide con la ofensiva de PP y Vox, que utilizan las escenas de colapso para cargar contra la política migratoria del Ejecutivo y contra un proceso de regularización que Moncloa defiende como vía de integración.
Los límites de la ley y la doctrina del Tribunal Supremo
Pero la promesa de devolver a todas las personas tropieza con un marco normativo que impide las expulsiones colectivas. La Ley Orgánica de Extranjería, la Convención de Ginebra y la Convención sobre los Derechos del Niño obligan a examinar cada caso, proteger a los menores no acompañados y no retornar a nadie a un territorio donde su vida o libertad peligre.
En Ceuta coinciden al menos tres colectivos con protección específica: menores que deben ser tutelados por las administraciones públicas, solicitantes de asilo cuya devolución queda suspendida durante la tramitación del expediente y personas que huyen de contextos de conflicto y necesitan protección internacional. Ninguno de esos perfiles admite una devolución exprés por más presión política que exista.
El Tribunal Supremo ya fijó doctrina en 2024. La sentencia que anuló las devoluciones de menores de agosto de 2021 determinó que el acuerdo bilateral con Marruecos no exime al Gobierno de cumplir la Ley de Extranjería. Cualquier retorno debe ser individual, motivado, con informe de Fiscalía y con garantía de reagrupación familiar efectiva.
La firmeza en frontera no puede significar la suspensión del Estado de derecho; precisamente el PSOE se juega su credibilidad democrática al gestionar esta crisis.
El Eje del Poder Socialista
En el plano interno, la dirección socialista lee este endurecimiento como una respuesta necesaria ante el desgaste migratorio. Los ministros del PSOE asumen la firmeza en frontera pero insisten en que no habrá saltos legales. La coalición con Sumar no ha roto, aunque en el espacio del socio minoritario observan con recelo el lenguaje de expulsión absoluta. Moncloa busca, en paralelo, preservar la relación con Marruecos y despejar las críticas de los gobiernos europeos.
Para Ceuta y Melilla, la promesa de devolución tiene un destinatario directo: una ciudadanía agotada por el desborde asistencial. Para las federaciones territoriales del PSOE, el mensaje de firmeza migratoria se explica ante las ante las próximas convocatorias electorales y ante la disputa por el votante de centro. Eso sí, la respuesta no puede ignorar a los colectivos que están protegidos por la legislación: los niños que ya fueron filiados, los solicitantes de asilo y los trabajadores del sistema de acogida.
Analizamos este giro como una maniobra de contención política, no como un abandono del Estado de derecho. El riesgo inmediato es que las promesas de expulsión generalizada generen expectativas que la ley no va a permitir materializar. La tensión entre discurso y marco jurídico puede alimentar a la oposición, pero también desgastar al Gobierno ante los defensores de derechos humanos. La salida que prepara Moncloa pasa por los retornos individualizados, coordinados con Rabat y con todas las garantías.
El equilibrio no es sencillo.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Firmeza migratoria con respeto a los derechos humanos y coordinación con Marruecos.
- Protagonista: José Manuel Albares (ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación).
- Próximo hito: Inicio de los expedientes individualizados de retorno de menores no acompañados, previsto para las próximas semanas.
