EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo autoriza por 6-3 a Donald Trump a reanudar las deportaciones a terceros países mientras decide si la política es legal. Los argumentos orales llegan en diciembre.
- ¿Quién está detrás? El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), defendido por el fiscal general en funciones, Todd Blanche, y por el Solicitor General, John Sauer. En contra firman Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.
- ¿Qué impacto tiene? Vuelven a operar los acuerdos con hasta 31 países, la mayoría africanos y latinoamericanos. España no tiene un pacto equivalente, pero la decisión condiciona la agenda con Iberoamérica.
El Tribunal Supremo autoriza a Donald Trump a reanudar las deportaciones a terceros países mientras decide si el programa es legal.
La orden, de seis votos frente a tres, es breve y no va firmada. Tampoco incluye razonamiento alguno. Se limita a suspender de forma cautelar (un stay, en la jerga judicial americana) la sentencia que el juez federal de distrito Brian Murphy dictó en febrero y que había tumbado la política de expulsiones a terceros países del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los jueces han aceptado, además, escuchar los argumentos completos en diciembre. El texto íntegro consta en el registro público de órdenes del tribunal.
Seis votos frente a tres. Y ninguna explicación.
Qué ha decidido el Supremo y qué no: seis votos, cero razonamiento y diciembre como horizonte
El fiscal general en funciones, Todd Blanche, celebró el fallo en X como una confirmación de la posición jurídica del Ejecutivo: ‘Por segunda vez, el Tribunal Supremo acaba de conceder nuestra suspensión para llevar a cabo todas las expulsiones de extranjeros ilegales a terceros países’, escribió. ‘Es plenamente legal y una herramienta crítica para la aplicación de la ley migratoria’. El Solicitor General (el abogado del Gobierno ante el Supremo), John Sauer, había advertido a los jueces de que el bloqueo del tribunal inferior obligó al DHS a cancelar un vuelo con 70 deportados con destino a tres países.
El mecanismo funciona así: un deportado puede ser enviado a una nación que nunca aparecía en su orden de expulsión. La Administración recurre a esa fórmula porque muchos Gobiernos de origen se niegan a readmitir a sus propios ciudadanos. Basta con que un país asegure al secretario de Estado, Marco Rubio, que no perseguirá ni torturará a los enviados.
El juez Murphy, nombrado por Joe Biden, consideró en febrero que el diseño violaba las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda (el precepto constitucional que impide privar a una persona de libertad sin garantías legales) porque los migrantes no recibían notificación ni una oportunidad real de alegar temor a ser torturados. El Primer Circuito de Apelaciones, el tribunal federal con jurisdicción sobre Massachusetts y otros estados del noreste, confirmó la mayor parte de esa sentencia el 18 de septiembre. La del martes es la segunda suspensión cautelar que el Supremo concede al Gobierno en este mismo caso.
El Supremo no ha declarado que la política sea legal. Solo ha dicho que, por ahora, puede seguir aplicándose.
De Murphy a Burundi: 31 acuerdos, 410 millones y 25.000 deportados
El Departamento de Estado de Marco Rubio ha cerrado acuerdos con hasta 31 países, en su mayoría de África y, América Latina, con al menos 410 millones de dólares comprometidos hasta finales de junio. Las organizaciones de derechos humanos contabilizan más de 25.000 migrantes deportados a 29 países bajo este mecanismo, la mayoría a México. Ese mismo día, Burundi anunció que aceptará deportados sin vínculo alguno con el país del este de África, siempre que no afronten procesos judiciales ni tengan conexiones con el terrorismo.
La decisión no fue unánime. Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson firmaron el voto particular. La abogada de los migrantes, Trina Realmuto, sostuvo que el fallo sitúa a personas en riesgo inmediato de ser enviadas a lugares donde sufren persecución antes de poder exponer su caso. El fondo del asunto no se resolverá, con toda probabilidad, hasta el verano de 2027.
La Lógica de Washington
Washington intenta resolver un problema muy concreto: una orden de expulsión no se puede ejecutar si el país de destino se niega a abrir la puerta. De ahí el recurso a terceros países. La lógica tampoco es nueva. La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996 ya levantó el andamiaje de las expulsiones aceleradas en Estados Unidos. En 2019, el primer Gobierno de Trump firmó acuerdos de cooperación en materia de asilo con Guatemala, Honduras y El Salvador, antecedente directo de la red actual de 31 países. El precedente más antiguo es el acuerdo de 2004 entre Canadá y EE. UU., que convirtió la frontera terrestre en un filtro de asilo compartido.
Para España, el efecto es indirecto, pero no menor. Madrid no figura entre los 31 países con acuerdo de tercer país seguro, de modo que un ciudadano español no entra en el circuito. Lo que se mueve es el tablero latinoamericano: buena parte de las expulsiones se dirige a México y a países centroamericanos donde operan Telefónica, Santander, BBVA o Iberia, y donde las remesas procedentes de EE. UU. sostienen el consumo interno. Bruselas ya incorporó la figura del país tercero seguro a su normativa común de asilo, y la consolidación del modelo americano alimentará el debate europeo sobre hasta dónde puede llegar esa figura.
El calendario manda. En diciembre llegan los argumentos orales; la sentencia definitiva no se espera antes del verano de 2027, con los tribunales inferiores pendientes de lo que decida el Supremo. La incógnita de fondo es incómoda: si el alto tribunal acaba dando la razón al Ejecutivo, el mapa migratorio del hemisferio queda reescrito; si se la quita, el DHS habrá expulsado a miles de personas al amparo de una política después anulada. Ese es el nudo real.
Ficha del Caso
- El caso: El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar la sentencia que tumbó el programa de deportaciones a terceros países del DHS y estudiará el fondo con argumentos orales en diciembre.
- Datos clave: Orden de 6-3, sin firma ni razonamiento. Acuerdos con hasta 31 países y 410 millones de dólares comprometidos hasta finales de junio. Más de 25.000 deportados a 29 países. Tres votos particulares, los de Sotomayor, Kagan y Jackson. Resolución definitiva prevista para el verano de 2027.
- Para España: Sin acuerdo de tercer país con Washington, el impacto llega por vía iberoamericana: expulsiones hacia México y Centroamérica, intereses de empresas españolas en la región y precedente para el debate europeo sobre el país tercero seguro.
