El empresario Francisco Gayà ha recurrido el archivo de su querella contra Madrid Network y además ha ampliado su querella contra seis de sus directivos por el presunto uso irregular de fondos públicos europeos. La ampliación, presentada ante el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, pide que se revoque el auto de archivo provisional (la resolución judicial que no pone fin al proceso, pero decide sobre él) y sostiene que el caso no puede encauzarse por la vía civil, tal y como sugiere el juzgado.
Madrid Network es la entidad que la Comunidad de Madrid creó bajo la presidencia de Esperanza Aguirre para canalizar ayudas públicas a proyectos empresariales de innovación. Según el escrito, gestionaba más de 80 millones de euros de fondos de la Unión Europea que le transfirió la Administración General del Estado.
Los delitos que la querella imputa a Madrid Network
El escrito acusa a la entidad y a seis de sus directivos de contribuir a una estructura de organización criminal. También señala a funcionarios y cargos políticos del PP que, según el relato del querellante, colaboraron en los hechos. La querella reúne ocho tipos delictivos, entre ellos la malversación y la prevaricación.
- Malversación de caudales públicos y prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas en el ejercicio de un cargo público).
- Fraude de subvenciones y ayudas públicas.
- Estafa agravada y administración desleal por imposición de condiciones abusivas.
- Cohecho o exacción ilícita.
- Organización criminal y blanqueo de capitales.
La querella no parte de cero. La jueza Concepción Jerez archivó de forma provisional una versión anterior al entender que no estaba suficientemente fundada y que el empresario debía acudir a la vía civil. Gayà recurrió aquella decisión y ahora amplía el escrito con nuevas diligencias.
El 6% de cada desembolso y el destino de los fondos europeos
El núcleo de la denuncia es el procedimiento que, según el querellante, Madrid Network ideó para cobrar a los prestatarios el 6% de cada desembolso de los préstamos, que se concedían en en tres tramos.
El engaño consistía, siempre según la querella, en que la obligación de pagar ese porcentaje no se estipulaba en el contrato, sino en una adenda incorporada tiempo después, cuando el acuerdo ya estaba consentido y se preveía el primer desembolso.
Las comisiones del 6% no figuraban en los contratos de préstamo: se incorporaban en adendas firmadas después de que el prestatario ya hubiera aceptado las condiciones.
Las comisiones se justificaban como servicios y asesoría de gestión y podrían superar los cinco millones de euros en el conjunto de los préstamos. Ese dinero serviría para pagar los sueldos de personas vinculadas al Partido Popular empleadas por Madrid Network. Entre ellas, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, que entonces se ocupaba del área de Comunicación de la entidad.
De los avales al avión: el conflicto con Flightech Systems
Gayà acudió a Madrid Network a través de Flightech Systems, su empresa, con la que fabricó el primer avión matriculado en Europa capaz de volar sin contacto humano. El pacto consistía en sustituir sus avales personales por la garantía del aparato cuando la Agencia Española de Seguridad Aérea concediese los permisos de vuelo y operación. Los permisos llegaron.
Según la querella, la entidad no liberó esas garantías patrimoniales, aportadas para obtener 1,5 millones de euros del préstamo, ni las cambió por la prenda del avión, valorado en 2,6 millones. En su lugar sumó la garantía sobre la aeronave, la EC-LYG, con la escritura número 1.537, de 9 de abril de 2015. La empresa acabó en suspensión de pagos.
El escrito describe la maniobra como un conflicto de intereses: los querellados, sostiene, usaron poderes de representación otorgados por Flightech y por el propio Gayà para actuar en nombre de las dos partes de la relación jurídica a la vez. Añade que Madrid Network emitió facturas de contenido falso para aparentar legalidad.
Qué pide el empresario al juzgado y por qué apela a la Fiscalía Europea
La ampliación solicita revocar el archivo, practicar nuevas diligencias y que la Fiscalía Europea se persone en la causa por el origen comunitario del dinero. Gayà alega que los querellados actuaron en el ejercicio de funciones públicas aunque no fueran trabajadores públicos, lo que a su juicio excluye la vía civil. El organismo europeo (el órgano de la UE que investiga los delitos contra el presupuesto comunitario) ha sido reclamado expresamente por la defensa del empresario.
El escrito pide también la testifical de los exconsejeros de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid del periodo investigado: Antonio Beteta, Percival Manglano, Enrique Osorio, Engracia Hidalgo, Manuel Giménez Rasero, Javier Fernández-Lasquetty y Rocío Albert. Y la de los expresidentes autonómicos Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, Pedro Rollán e Isabel Díaz Ayuso.
La Comunidad de Madrid lleva años negando a la Asamblea la información que exige la normativa de transparencia sobre el destino de esos 80 millones, según la información publicada por elDiario.es. El Ejecutivo autonómico mantiene además un litigio ante el Supremo para evitar la difusión de un informe clave sobre la entidad y los impagos del macropréstamo.
⚖️ Datos del caso
- Órgano judicial: Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid.
- Fase procesal: Instrucción, con auto de archivo provisional recurrido y ampliación de querella pendiente de admisión.
- Implicados: Madrid Network y seis directivos, como querellados; Francisco Gayà, como querellante. Ninguno ha sido condenado.
- Delitos: malversación, prevaricación, fraude de subvenciones, estafa agravada, organización criminal y blanqueo, entre otros.
- Próximos pasos: la jueza debe resolver sobre la revocación del archivo y sobre las diligencias y testificales solicitadas.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? Francisco Gayà ha ampliado su querella contra Madrid Network por el uso irregular de fondos europeos, según el escrito judicial.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? La entidad y seis directivos, como querellados; Gayà, como querellante; la Comunidad de Madrid, citada en el relato.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El Juzgado de Instrucción 26 de Madrid debe decidir si revoca el archivo provisional y admite las nuevas diligencias.
