Estar imputado es una condena para los políticos en España. El vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, puso el listón muy alto cuando estaba en la oposición. El problema llega cuando un político dimite por responsabilidad al ser investigado y después es exonerado de todo. Este es el caso del antiguo alcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa, el cual tuvo que dejar su cargo por su imputación en el caso Púnica para que ahora el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón le haya librado de toda responsabilidad. Antes de su imputación era comisionado del Gobierno de Madrid para la Atención a las Víctimas del Terrorismo. Ahora, García de Vinuesa vuelve libre de toda sospecha.
El exalcalde estaba investigado dentro del marco de la pieza separada número 10 de la Púnica. En el caso de la imputación de García de Vinuesa, estaba investigado por los trabajos de reputación online a políticos mientras era alcalde del municipio madrileño. Solo su mera imputación obligó a García de Vinuesa a alejarse de la vida pública. Estuvo así durante años hasta que ahora García Castellón ha ratificado su inocencia en el caso. Pero el daño ya estaba hecho para su imagen. A él y a la administración de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para la que trabajaba.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra García de Vinuesa; contra la que fuera también su directora de comunicación, María Teresa Alonso-Majagranzas, y contra la gerente del Patronato Sociocultural del Ayuntamiento de Alcobendas, Yolanda Sanchís. Todo su gabinete ha quedado libre de toda sospecha bajo el criterio de Manuel García Castellón. Todos tuvieron que sentarse en el banquillo con motivo de la imputación y por las sospechas en relación con los trabajos de reputación online de los políticos.
García Castellón directamente aduce que «no se desprende indicio alguno de fraude«. Sin más detalles. Asegura que no se ha acreditado que los servicios contratados por el Ayuntamiento de Alcobendas a las empresas de Alejandro de Pedro (uno de los principales imputados en la macrocausa Púnica) no se llegaron a ejecutar. El magistrado Manuel García Castellón asegura que no existe ningún indicio ni prueba de que los informes elaborados sobre la reputación en redes sociales de algunos políticos fueran encargados directamente por el propio exalcalde de Alcobendas ni que «los pagos que se efectuaron por el Ayuntamiento de Alcobendas se realizaron precisamente para ‘mejorar la reputación personal del alcalde'».
La imagen de García de Vinuesa quedó algo tocada desde el momento en el que el magistrado de la Audiencia Nacional imputó al exregidor del municipio madrileño por hasta cinco delitos. Fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsificación de documento mercantil y prevaricación. Pero a pesar de que ya no está investigado, el daño a su imagen ya estaba hecho.
La oposición convirtió las imputaciones en cascada del Partido Popular en una condena. Muchos cayeron, sí, pero todos los políticos cuya honestidad no se echó por tierra tras la imputación sufrieron un daño importante en su imagen que no fue restaurado. Este es el caso del equipo de gobierno de García de Vinuesa, que su limpia imagen ha pasado por la puerta de atrás, mientras que u imputación fue anunciada a bombo y platillo por la oposición.
