La entrada en vigor de la futura Ley de Cambio Climático y Transición energética pondrá fin a la posibilidad de nuevas autorizaciones de exploración o explotación de hidrocarburos así como de minería de materiales radiactivos, según ha acordado este martes la Ponencia del Congreso que negocia el citado proyecto legislativo.
La enmienda transaccional al artículo 8, propuesta de PSOE y Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, ha salido adelante con el apoyo del PP, EH-Bildu, Teruel Existe y ERC; la abstención de PNV y Cs y el voto en contra de Más País y Vox.
De este modo, el texto propuesto por la ponencia establece que cuando entre en vigor la ley «no se admitirán nuevas solicitudes» para otorgar permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, regulados al amparo de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, de minerales radiactivos, tal y como se definen en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, cuando tales recursos sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles.
Además, añade que a la entrada en vigor de la ley ya no se admitirán «nuevas solicitudes» para la autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para procesar esos minerales radiactivos». Se refiere en particular a las que están «definidas como tal en el Reglamento de Instalaciones nucleares y radiactivas».
Asimismo, los grupos han transaccionado varias enmiendas de modo que añaden un nuevo apartado 3 a la disposición transitoria primera y establece que esto será de aplicación «a todas las solicitudes» de autorizaciones de exploración y de permisos de investigación de hidrocarburos que «se encuentren en tramitación en el momento de entrada en vigor de la presente ley».
En cuanto a las solicitudes de concesiones de explotación asociadas a un permiso de investigación vigente y que estén en tramitación «antes» de la entrada en vigor de esta ley se regirán por la normativa que se aplique en el tiempo de otorgarse el citado permiso de investigación, excepto la posibilidad de prórroga, que «se excluye expresamente».
En todo caso, insiste el nuevo articulado que no se admitirá a trámite la solicitud de concesión de autorización de explotación de hidrocarburos que no hubiere sido iniciada con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.
Respecto a los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes que se encuentren ubicados en el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental la nueva redacción del proyecto de ley precisa que no podrán prorrogarse «en ningún caso, más allá del 31 de diciembre de 2042».
En la actualidad la empresa australiana Berkeley Minera ha solicitado autorización para extraer uranio en la mina de Retortillo (Salamanca). El expediente está pendiente del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que es preceptivo –aunque no vinculante de ser favorable– para que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico autorice o no la concesión minera.
En ese sentido, el diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, ha explicado que en caso de que este permiso no esté concedido antes de que la ley de cambio climático entre en vigor, supondría dar el carpetazo definitivo al proyecto de minería de uranio a cielo abierto en la localidad salmantina.
Recientemente la empresa ha urgido al CSN que evacue a la mayor brevedad el informe definitivo sobre el proyecto minero, de acuerdo con la solicitud planteada, y ha lamentado que el retraso de más de dos años en la terminación del expediente por parte del regulador basándose en criterios exclusivamente técnicos.
Este informe es necesario para completar la tramitación en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Sin embargo, desde el regulador se ha interpretado que la expresión de esta urgencia por carta al presidente del CSN como un intento de presión que ha sido puesta en conocimiento de la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. El presidente del CSN, José María Serena i Sender comparecerá ante la citada comisión el próximo 8 de marzo.
