El PP pretende que el Congreso debata este mes su solicitud para abrir una comisión de investigación por el caso de la asesora del Ministerio de Igualdad que presuntamente hace de niñera de la hija pequeña de su titular, Irene Montero, con la que persigue que se depuren responsabilidades por el presunto uso de fondos públicos para fines particulares.
Los ‘populares’ registraron este lunes su propuesta y este martes ya ha sido calificada por la Mesa del Congreso, según informaron fuentes parlamentarias. La idea del PP es plantearla en la reunión de la Junta de Portavoces de la próxima semana para que pueda ser incluida en el orden del día del siguiente Pleno, en la semana del 16 de marzo.
En su iniciativa, el PP recuerda que, según un informe remitido por la ex abogada de Podemos Mónica Carmona al juez del caso Neurona, Montero habría utilizado de forma irregular a una asesora de nivel 30 del Ministerio de Igualdad, la exdiputada María Teresa Arévalo Caraballo, como niñera de su hija pequeña.
Además, en dicha denuncia, añade el PP, también se señalaba a la ministra por haber acondicionado un despacho contiguo al suyo como «sala de juegos» para sus hijos. La Fiscalía de Madrid ya ha solicitado al citado juez del caso Neurona la apertura de una línea de investigación separada con la denuncia interpuesta por la ex letrada de la formación morada.
¿PRESUNTA MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS?
Así las cosas, los de Pablo Casado decidieron presentar este lunes una iniciativa, firmada por su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, para conocer en profundidad cuál ha sido el destino y la finalidad del presupuesto público destinado a Igualdad, concretamente las nóminas de la citada asesora.
El objetivo, según recalcan en el texto, es conocer si ese dinero se destinó al ejercicio de las labores propias de su cargo, sobre políticas para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, o para ejercer de niñera de la titular del Departamento.
En el PP sostienen que este caso podría suponer «una presunta malversación de caudales públicos», en el tipo penal denominado malversación impropia, puesto que implica «destinar fondos públicos para la satisfacción de necesidades y fines particulares, o podría implicar «responsabilidad por alcance ante el Tribunal de Cuentas por un mal uso de fondos públicos».
Es por ello que con esta comisión de investigación permitiría esclarecer, según el PP, las responsabilidades políticas por los hechos investigados y formular recomendaciones que impidan la repetición de casos similares en un futuro.
