JxCat cambia de estrategia al no dejar asientos vacíos en el Parlament. La formación liderada por Laura Borràs y controlada por Carles Puigdemont ha decidido que el expresidente de la Generalitat renuncie al acta para mantener a todos los diputados activos en el inicio de la legislatura.
En la anterior etapa, JxCat y ERC mantuvieron durante años las butacas ocupadas por los políticos presos. Tras la sentencia del ‘procés’, los diputados condenados fueron despojados de sus actas, dejando paso a los siguientes de la lista para cubrir sus puestos.
JxCat decidió llevar a Puigdemont como cabeza de lista por Barcelona, pese a no poder recoger presencialmente la credencial de la Junta Electoral Central, requisito indispensable para tener la condición de pleno derecho como diputado. ERC, por su parte, había decidido no incluir a ninguno de los presos para evitar dejar asientos vacíos.
La renuncia de Puigdemont se ha efectuado este miércoles, según han asegurado fuentes de JxCat. Puigdemont había mostrado su voluntad de mantener el acta de eurodiputado como «herramienta para continuar la internacionalización del ‘caso catalán’ desde el corazón de Europa», según han apuntado las mismas fuentes.
JOSEP COSTA, EL SUSTITUTO AL BORDE DE LA IMPUTACIÓN
Josep Costa, vicepresidente del Parlament, es el siguiente en la lista y por tanto el sustituto de Puigdemont, siempre y cuando no renuncie también al acta. Y es que, Fiscalía ha pedido su imputación por haber permitido la tramitación de resoluciones sobre el derecho a la autodeterminación y reprobar a la monarquía. En la misma denuncia están los miembros independentistas de la Mesa del Parlament, incluido su presidente, Roger Torrent.
«La Fiscalía nos ha puesto hoy la querella más anunciada de la historia: estaba a punto y han dejado pasar el 14-F por intereses partidistas del Gobierno del cual depende», afirmaba Costa cuando le fue notificada la denuncia. «Tendría que ser también la querella más inútil porque quiere silenciar a todo un parlamento y eso no podemos permitirlo», aseguró.
La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido por escrito a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que cite como investigados a los miembros independentistas «por un delito de desobediencia a la autoridad judicial«, al desatender presuntamente los mandatos del Tribunal Constitucional.
Las formaciones separatistas realizaron un total de tres resoluciones en favor del derecho a la autodeterminación y reprobar a la monarquía, pese al informe contrario del secretario general del Parlament.
El TC suspendió en octubre de 2019 diversos aspectos de una resolución del Parlament en la que ratificaba el derecho de autodeterminación de Cataluña. En la misma, se dirigió expresamente a los miembros para comunicarles las posibles consecuencias penales si se rompía la suspensión. En este sentido, les advirtió de su obligación «e impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».
