Dos organizaciones salvadoreñas han trasladado a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador el expediente judicial que sirvió para condenar en España al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano por la matanza en 1989 de un grupo de jesuitas, entre ellos el ideólogo de la Teología de la Liberación Ignacio Ellacuría.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español confirmó en febrero la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Montano a 133 años y tres meses de cárcel –26 años, 8 meses y un día por cada uno de los cinco religiosos españoles que murieron asesinados en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA)–.
El Centro Guernica para la Justicia Internacional y Víctimas Demandantes (VIDAS) han presentado ante la Sala de lo Constitucional del Supremo salvadoreño un ‘amicus curiae’ con el que quieren reivindicar que las autoridades del país centroamericano también tienen responsabilidad para sancionar los abusos cometidos en el marco del conflicto entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y las fuerzas del Estado.
Así, las dos organizaciones han trasladado todas las actuaciones penales seguidas por la Audiencia Nacional y han reclamado en El Salvador una «investigación rigurosa» de la masacre que permita castigar a responsables que «en la actualidad permanecen en la impunidad», según un comunicado.
«Lo que de allí se desprende es fundamental para avanzar en la reconstrucción de la memoria, los procesos de responsabilidad penal y la dignificación de las víctimas», han alegado.
