El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defiende el actual sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si bien propone mejoras como el «fortalecimiento» de la evaluación de los 20 candidatos por una comisión en cada una de las cámaras. En el actual modelo los únicos obligados a comparecer ante las comisiones de Justicia del Congreso de los Diputados y del Senado, según qué Cámara los designe, son los ocho vocales que se eligen entre juristas de reconocido prestigio, mientras que los 12 de origen judicial se libran de este trámite ante los diputados.
Fuentes ministeriales han señalado que el planteamiento de Campo es general, pues no se refiere a un diseño concreto de nueva Comisión, un asunto que estaría abierto al debate. También propone Campo como mejoras «dar un mayor protagonismo a los jueces en la designación (proponiendo un número menor de candidatos) y «reforzar el consenso» en la toma de decisiones, exigiendo mayorías de tres quintos para los altos nombramientos.
Estas propuestas las hace Campo en un hilo de Twitter en el que habla del Poder Judicial y, sin citarla expresamente, responde a la iniciativa de tres asociaciones judiciales de llevar a la Comisión Europea la última reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) realizada a instancia de PSOE Y Podemos, y que priva al Consejo de realizar nombramientos en la cúpula judicial estando en funciones.
Frente a las criticas de más de 2.500 jueces, que denuncian un menoscabo en su independencia y llegan a hablar incluso de «grave atentado al Estado de Derecho», Campo tira de argumentario y defiende, al igual que ha hecho en otras ocasiones, que España es una democracia plena y existe separación de poderes e independencia d e los jueces, algo que «ellos mismos así consideran» según las encuestas realizadas en el seno de la propia Carrera judicial.
Justicia no tiene constancia oficial del escrito, en el que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) denuncian ante la Comisión Europea lo que consideran un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en nuestro país por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.
En el escrito, de seis páginas, los firmantes solicitan a la UE la adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.
«Sobre el Poder Judicial lo puedo decir más alto, pero no más claro», afirma Campo al inicio del hilo, para continuar defendiendo la existencia de separación de poderes, y la democracia plena en España «según todos los parámetros internacionales».
Para el ministro, «el sistema de doble legitimación en la elección de los miembros del Poder Judicial es tremendamente robusto y democrático», a lo que añade un emoticono que representa brazo fuerte. «Los jueces proponen a los candidatos y el Parlamento los elige de esa lista», añade
EL PROBLEMA ES EL PP
El «problema que hay», continúa Campo, es el bloqueo propiciado por «quienes se resisten a esa renovación», señalando, aunque sin citarlo, al Partido Popular, sin cuyo apoyo no existe acuerdo parlamentario que sustente la renovación.
«La Constitución establece un mandato de los vocales de 5 años, no renovables -añade-. Un Consejo en funciones es víctima de un debilitamiento de su legitimidad». Termina insistiendo en que la única vía es el «exigido consenso para la renovación que reclama la Constitución», sin hacer mención alguna a la reciente reforma del CGPJ que critican las asociaciones.
