La Ley de Unidad Étnica China ya está en vigor con una cláusula extraterritorial que apunta a los exiliados en Europa. La norma, aprobada por Pekín y en aplicación desde el 1 de julio, codifica una jerarquía cultural: la etnia Han como núcleo y las otras 55 minorías del país bajo un régimen de asimilación obligatoria.
Pekín la denomina oficialmente Ley de China para la Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos. El foco del temor es el artículo 63, que permite perseguir fuera de China a las organizaciones y personas que ‘cometan delitos dirigidos contra el país y que socaven la unidad étnica y el progreso’. La fórmula es lo bastante abierta como para convertir cualquier actividad crítica en un delito de seguridad nacional.
Qué dice el artículo 63 y por qué convierte la disidencia en una cuestión de seguridad nacional
James Leibold, profesor experto en política étnica china, sostiene que la norma ‘codifica una serie de políticas asimilatorias que existen desde la década de los 1990’. La novedad, añade, es que el objetivo ya no es solo el interior: ‘Ahora, las personas sobre las que de verdad quieren influir son las de la comunidad de la diáspora’.
Los más afectados son los uigures, pueblo túrquico y musulmán del noroeste del país, junto a tibetanos y hongkoneses. Tenzyn Zöchbauer, activista tibetana exiliada en Alemania, resume el cambio: ‘Le da al Gobierno chino un fundamento jurídico para silenciar las voces de los activistas de la diáspora.
Cuatro testimonios desde Europa: vigilancia, informantes y la huella de la represión
No es una amenaza abstracta. La Vanguardia ha recogido testimonios de cuatro exiliados repartidos por Europa que relatan vigilancia coacción y campañas de descrédito.
Zöchbauer explica que cada semana recibe llamadas de la diáspora tibetana en Alemania. Tras acudir a protestas contra Pekín, familiares en el Tíbet les pidieron cortar contacto. Y añade un episodio aún más duro: un tibetano retenido en un aeropuerto chino mostró fotografías suyas a los agentes y le pidieron información sobre la activista.
La novedad no es la represión de Pekín, sino que ahora tiene una norma interna para ejercerla fuera de sus fronteras.
Thubten Wangchen, monje de 71 años y fundador de la Casa del Tíbet en Barcelona, se siente vigilado desde la entrada en vigor de la ley. Relata que la bandera tibetana del centro sufre actos vandálicos y que se han distribuido revistas sobre el Tíbet entre negocios chinos de Badalona y Santa Coloma de Gramenet; asegura haber sido mencionado en ellas.
Carmen Lau, exconcejala prodemocracia de Hong Kong refugiada en Reino Unido, tiene una recompensa de 110.000 euros sobre su cabeza. En 2025, según su testimonio, sus vecinos recibieron cartas anónimas, una de ellas con imágenes sexuales falsas generadas con IA. Tras organizar una protesta frente a la Embajada china en Londres, su familia en Hong Kong fue detenida e interrogada.
Zumretay Arkin, uigur exiliada en Múnich, perdió todo contacto con su familia en 2017, cuando el Partido Comunista envió a miles de uigures a campos de reeducación. Sostiene que la ley tiene un efecto ‘retroactivo’ y que alguien puede ser detenido por críticas pasadas publicadas en internet.
Este control no depende solo de la diplomacia: se apoya en el miedo y en la infiltración. Arkin explica que el Partido Comunista Chino ha intentado ‘fracturar a la comunidad’ uigur con incentivos económicos y miedo para ‘infiltrar informantes dentro de la diáspora uigur’.
El Eje del Poder Europeo
La reacción europea no existe como un bloque. Alemania y Francia mantienen en público una línea de prudencia porque Pekín es un socio comercial decisivo; los países del este, como Polonia o Lituania, suelen impulsar una respuesta más dura. Las resoluciones de la Eurocámara pueden condenar, pero no activan un mecanismo policial común.
Para España el impacto no es marginal. La Casa del Tíbet opera en Barcelona y la propaganda china ha aparecido en Badalona y Santa Coloma de Gramenet, dos municipios del área metropolitana. Madrid no suele hacer bandera de estos conflictos cuando Pekín presiona con inversiones y turismo, lo que deja a los activistas en una zona gris de protección insuficiente.
El dilema es más profundo que la diplomacia: no existe una policía comunitaria con mandato específico para detectar la represión extraterritorial. Cada Estado responde con sus propios servicios, y los testimonios de las víctimas muestran que las amenazas viajan más rápido que la coordinación europea. Carmen Lau lo resume: los agentes británicos, y en buena medida los continentales, no conocen bien las dinámicas de esta represión.
No es una fractura nueva. El exilio tibetano arrastra esta tensión desde 1959, cuando el Dalai Lama abandonó el país; la diáspora uigur la vive con crudeza desde 2017, con los campos de reeducación en Xinjiang. La diferencia es que ahora Pekín pretende dar a la intimidación una forma legal y, sobre todo, exportable.
La próxima prueba será cómo actúan los servicios de seguridad europeos cuando la ley se invoque contra un residente en la UE. Por ahora no hay mecanismo común, y eso deja a los exiliados, en lo esencial, a la intemperie.
