Junts, ERC y la CUP exigen investigar a la Policía Nacional por la requisa de esteladas a aficionados del Barça en Elche.
La secuencia, grabada en vídeo y difundida de inmediato en redes, ocurrió este domingo en los accesos al estadio Martínez Valero durante la previa del partido de Liga entre el Elche CF y el FC Barcelona. Varios agentes de la Policía Nacional apartaron a dos jóvenes, hicieron uso de la defensa y requisaron banderas independentistas. Uno de los aficionados, con la camiseta azulgrana, logró huir. El otro, vestido de blanco, fue detenido después de agredir presuntamente a los agentes.
Los independentistas catalanes han reaccionado en bloque. Junts ha registrado este lunes una batería de preguntas en el Congreso, en la que reclama explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El grupo de Carles Puigdemont cuestiona abiertamente que el uso de la fuerza se ajustara a los principios de legalidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad. También pregunta por la base legal que permitió ordenar la retirada de las esteladas.
La actuación que el Barça califica de desproporcionada
El FC Barcelona ha emitido un comunicado contundente. El club presidido por Joan Laporta condena el uso desproporcionado de la fuerza contra socios y aficionados y se reserva el derecho de emprender las actuaciones que considere oportunas. La entidad considera que el procedimiento de detención ‘careció de la necesaria congruencia y oportunidad’. Además, ofrece apoyo al aficionado detenido y a su familia.
El comunicado añade un matiz relevante: lamenta que ‘una vez más’ se requisaran esteladas a seguidores azulgranas. El Barça recuerda que la estelada ‘es un símbolo legal’ y que su exhibición constituye una manifestación legítima de la libertad de expresión, sin que pueda considerarse por sí misma una incitación al odio o a la violencia.
La respuesta del club no ha frenado la ofensiva política. Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, llamó ‘animales’ a los agentes implicados y aseguró que ‘deben pagar por este abuso y maltrato’. Su partido pide al Ministerio que conserve todas las grabaciones y pruebas audiovisuales, además de abrir una investigación interna para identificar a los efectivos. Junts también ha ofrecido asistencia jurídica al detenido.
La estelada no es un símbolo prohibido, pero cada partido fuera de Cataluña se convierte en un campo de prueba para la discrecionalidad policial.
La ofensiva parlamentaria independentista
ERC y la CUP han seguido la estela de Junts. Los republicanos reclaman una investigación ‘inmediata’ y ponen en duda la proporcionalidad del operativo. En un comunicado, recuerdan que la libertad de expresión, debe garantizarse siempre, con independencia del lugar donde juegue el Barça. Por su parte, el secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha ironizado contra el ‘gobierno más progresista de la historia’ por enviar a la policía a apalear a un joven por llevar una estelada.
Puigdemont ha elevado el tono. El expresident de la Generalitat ha escrito en X que los hechos ‘supuran odio a la catalanidad de forma estructural’. ‘En una sociedad sana, esto sería intolerable. En España es un mérito’, ha remachado.
En el plano jurídico, Junts recuerda que la Ley 19/2006 no prohíbe la mera exhibición de una estelada: solo sanciona símbolos o mensajes que inciten a la violencia o al terrorismo. La pregunta de fondo, por tanto, es si la actuación policial tuvo amparo normativo o si respondió a una instrucción discrecional.
Una legalidad clara, una discrecionalidad que se repite
Lo que observamos es un patrón que se replica cada vez que el Barça juega fuera de Cataluña. La estelada es legal, pero su visibilidad depende del criterio de los mandos policiales de turno. La respuesta del Gobierno central, por ahora, no ha llegado. Tampoco consta que el Ministerio del Interior haya abierto expediente informativo.
Este episodio no es aislado. En desplazamientos anteriores de aficionados catalanes se han repetido requisas y cargas. La diferencia ahora es la respuesta institucional: el club, los partidos independentistas y una parte de la opinión pública piden que se depuren responsabilidades. Para Moncloa, el caso abre un frente incómodo con los aliados parlamentarios de la investidura.
La próxima sesión de control en el Congreso será el primer termómetro. Si el Gobierno no ofrece explicaciones, la presión de Junts y ERC puede trasladarse a la negociación presupuestaria. La estelada, una vez más, se convierte en un símbolo de disputa entre la legalidad y la actuación policial.
