El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este martes la intención del Gobierno de pedir la retirada en el Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley, que se mantenía paralizada desde el pasado mes de octubre, para modificar la forma de elección de los Consejo General del Poder Judicial (CGP). La propuesta fue fuertemente contestada por las asociaciones de jueces y puesta bajo la lupa de la UE y el Consejo de Europa.
De este modo, el Gobierno desiste de forma definitiva de este proyecto, que se mantenía en suspenso después de que el propio presidente Pedro Sánchez anunciara que iba a va a «detener el reloj» de su tramitación para poder negociar con el PP la renovación de este órgano, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018.
La renovación, sin embargo, aún no se ha producido y mientras tanto se ha aprobado una reforma que impide Consejo realizar nombramientos una vez concluido su mandato.
Por su parte, desde Podemos se ha venido amagando en varias ocasiones con la posibilidad de resucitar la reforma del sistema de nombramientos precisamente por la falta de acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
LEYES QUE MEJORAN LA «DEMOCRACIA INTERNA» DE LA JUSTICIA
Campo ha enmarcado su anuncio en la aprobación este martes por parte del Consejo de Ministros de la Ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia, que crea los tribunales de instancia y «profundiza en la democracia interna del Poder Judicial».
Preguntado por la falta de acuerdo para la renovación, el titular de Justicia ha admitido que el foco está ahora en las «políticas de eficiencia» y que así se lo traslado ayer a la *vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Justicia, Vera Jourova, con quien mantuvo un encuentro.
«Cualquier cosa que se quiera buscar es ganas de poner palos en las ruedas, ya dijo el presidente Sánchez que la proposición queda congelada y eso le hice ver», ha afirmado Campo, para añadir que la última reforma, la dirigida a evitar los nombramientos de un CGPJ en funciones, a Jourova le parece conforme a derecho y respecto a ella no tenía nada que indicar.
Por ello, y en alusión al PP, ha hablado de la necesidad de que «quien está bloqueando la renovación de un paso atrás», y se ponga a renovar a los órganos constitucionales, porque urge un acuerdo». Ha insistido en reactivar las negociaciones con el principal partido de la oposición tras la jornada electoral del 4 de mayo, el día 5, el 3 o esta tarde».
En este punto ha recordado que en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados están sus ofertas respecto al CGPJ, que pasan por volver al espíritu del pacto de estado por la justicia.
Campo propuso crear comisiones en el Congreso y en el Senado que analicen los currículums de los 36 vocales judiciales que van en las listas que proponen las asociaciones judiciales o van con aval de sus compañeros -actualmente solo comparecen los aspirantes del turno de juristas– y que se obligue a mayores cuotas de consenso este órgano, como elevar la mayoría a 13 apoyos para designar presidentes de audiencias provinciales.
Preguntado por los vetos que el PP hizo a determinados candidatos, como el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada y de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, el titular de Justicia ha respondido que tiene la sensación de que «siempre aparece una nueva excusa».
«Pero llega un momento en el que el PP se queda sin excusas para no negociar, que es su obligación constitucional, no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial», ha subrayado Campo.
Por su parte, la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra, ha afirmado en coincidencia con su compañero del Gobierno que «el PP se encuentra en rebeldía con el cumplimiento de la Constitución». A su juicio, esta situación es gravísima «y tiene que terminar de manera inmediata».
