El Polisario afirma que España ha sido «coherente» al acoger a Ghali

El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha subrayado que el secretario general del movimiento, Brahim Ghali, fue trasladado por razones «estrictamente humanitarias» y que, por tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez actuó de forma «coherente» con su política de acogida, a pesar del «ruido mediático» que le atribuye ahora a Marruecos.

Ghali fue evacuado desde Argelia la semana pasada, después de que su estado de salud empeorase tras contagiarse de coronavirus y ser ingresado inicialmente en un hospital argelino. Llegó a España a bordo de una avión medicalizado y con pasaporte diplomático de Argelia, un aspecto este último que Arabi considera «obvio».

El delegado saharaui explica en una entrevista a Europa Press que el líder del Polisario sigue «mejorando», si bien evita entrar en detalles sobre sus circunstancias por cuestiones de privacidad.

El Gobierno marroquí convocó el fin de semana al embajador español en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, para trasladar su «decepción» por el traslado y pedir «explicaciones». Sin embargo, Arabi insiste en que la evacuación se basa en cuestiones «estrictamente humanitarias» e insta a dejar de lado lecturas políticas.

«Estamos enfrascados en una guerra de desinformación por parte de Marruecos», afirma Arabi, que acusa a Rabat de intentar «instrumentalizar» el caso. «Marruecos no debe confundirse en tratar las relaciones bilaterales en España e intentar dictar lo que tiene que hacer»», añade.

El líder del Polisario en España, que dice tener una «interlocución fluida» con el Gobierno de Sánchez, aclara que nadie del Ejecutivo se ha puesto en contacto con la delegación saharaui tras la polémica de los últimos días –«ni creo que debería hacerlo», apunta–.

En el terreno judicial, ve poco recorrido a la petición de la Asociación Saharahui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) para que la Audiencia Nacional valore volver a citar a Ghali, quien en 2016 fue convocado por supuestos delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia).

Arabi no contempla que Ghali pueda quedar bloqueado en España, argumentando que una cosa es «el impacto mediático» y otra la «realidad». «Creemos que ese caso no tiene ningún recorrido jurídico», alega, confiado en que el líder podrá abandonar sin problemas territorio español y «retomar sus funciones».

«RESPONSABILIDAD EN EL CONFLICTO»

El delegado saharaui recuerda que España, como antigua metrópoli, «tiene una responsabilidad en el conflicto» que sigue abierto en el Sáhara Occidental, donde el Frente Polisario le reclama un «papel activo» en la búsqueda de una solución que se resiste desde hace décadas.

La situación se volvió especialmente tensa en noviembre, a raíz del desalojo por parte de Marruecos del paso de Guerguerat, en la frontera con Mauritania y amparado por el alto el fuego firmado en 1991, y las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) hablan abiertamente de «guerra» para describir el estado actual sobre el terreno.

Arabi teme un «escalada militar» porque considera que el pueblo saharaui está «más decidido que nunca a continuar su lucha». No obstante, defiende también que el Polisario siempre estará abierto a negociar, en busca de una autodeterminación que Rabat siempre ha rechazado de plano.

Sobre la ausencia de un enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, el representante del Frente Polisario en España subraya que el posible nombramiento «no es un fin en sí mismo», sino que debe ser «un medio para llevar a las partes a las negociaciones», como logró en su día el expresidente alemán Horst Koehler, dimitido en mayo de 2019.

El Polisario no pone nombres a posibles aspirantes y se limita a reclamar un enviado «de renombre», con «honestidad» y con una «imparcialidad total», después de que fuentes diplomáticas citadas la semana pasada por la agencia oficial marroquí, la MAP, recriminasen los supuestos vetos al ex primer ministro rumano Petre Roman y al exministro de Exteriores portugués Luis Amado.