La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que confían en que el Tribunal Supremo acabe avalando las medidas para luchar contra la pandemia que propongan las comunidades autónomas y ha negado que se esté generado «confusión» por las decisiones contradictorias entre los tribunales. Eso sí, ha recordado que existe todo un «abanico» de medidas que se pueden aplicar sin afectar a los derechos y libertades fundamentales.
Además, Montero ha rechazado las críticas de inacción que llegan tanto desde los gobiernos autonómicos como desde la oposición –incluidos sus socios parlamentarios– por el fin del estado de alarma, y se ha defendido cargando contra el PP y su ‘plab b’ jurídico, que ha definido como «uno de los principales ataques a la libertad de los ciudadanos» de los últimos tiempos.
Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por la situación que se ha generado tras el fin del estado de alarma, y las acusaciones de caos e inacción.
«A veces escuchamos que el Gobierno está de brazos cruzados, y nada más lejos de la realidad. No se entiende», ha denunciado, al tiempo que ha defendido que las comunidades disponen ahora de los instrumentos necesarios para hacer frente a la situación epidemiológica actual, sobre todo teniendo en cuenta que, a diferencia de octubre –cuando se decretó el anterior estado de alarma–, ahora se cuenta ya con la vacuna.
Es más, ha asegurado que «hay todo un abanico de medidas que no tienen por qué afectar a los derechos fundamentales», y ha insistido en que no cree que la situación actual «tenga que provocar ningún tipo de confusión». «Los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que nuestra responsabilidad individual es insustituible. Estamos en los coletazos finales», ha ahondado.
«Con los datos que tenemos a nivel global, entendemos que tenemos capacidad para poder transitar hacia una situación de normalidad, una vez que ahora tenemos algo que no teníamos, que es la vacuna», ha enfatizado.
En todo caso, ha mostrado su confianza en el poder judicial y ha insistido en que no les «cabe duda» de que en la gran mayoría de los casos se van a avalar las medidas de las comunidades, pero ha rechazado de forma contundente la propuesta del PP de un marco legal alternativo. «Nos parece absolutamente inadecuado e inapropiado que no haya tutela real efectiva de esas libertades que tienen los ciudadanos», ha alertado.
