Los detenidos en el marco operación Azud, una presunta trama de corrupción urbanística, han empezado a pasar en la mañana de este sábado a disposición del Juzgado de Instrucción número 13 de València, encargado de procedimiento.
Los arrestados han sido trasladados a la Ciudad de la Justicia después de permanecer desde el pasado jueves en diferentes comandancias tras ser detenidos. En la causa hay 14 arrestados, de los cuales una docena han sido puestos a disposición judicial, según ha informado el TSJCV.
Los detenidos han comenzado a declarar este sábado sobre las 13.30 horas. El primero de ellos ha sido el ex vicealcalde de València Alfonso Grau, han precisado fuentes judiciales.
Este pasado jueves por la mañana, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detuvieron al ex subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, también exdiputado provincial. Los efectivos registraron su vivienda durante horas y, tras ello, fue trasladado a dependencias de Comandancia.
Junto a Rubio fueron detenidas otras 13 personas en la segunda fase de este procedimiento que se ha desarrollado en Valencia, Alicante, Madrid y Tomelloso. Entre ellas, el ex vicealcalde de València Alfonso Grau.
Tanto a Rubio como a Grau se les acusa de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. En concreto, el primero, destituido de su cargo de Subdelegación y suspendido de militancia del PSPV, pudo haberse llevado 300.000 euros, mientras que el segundo otro millón de euros, según las investigaciones.
A Rubio y a Grau le constan otros procedimientos judiciales. El socialista está procesado en una de las piezas del caso Imelsa en la que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa. Por su parte, Alfonso Grau, de 80 años, fue condenado a cuatro años de cárcel –una pena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)– por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.
Otro de los detenidos que presuntamente tuvo un papel destacado en la trama fue el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, puesto que al parecer intermedió entre los políticos y uno de los empresarios arrestados, el constructor Jaime Febrer, quien fue localizado este jueves en Ibiza. Además, la UCO detuvo a otras 10 personas más, entre ellas la hija de Grau.
LA CAUSA
Se trata de la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de València investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de València habrían realizado.
La causa, que arrancó en 2017 y permanece secreta, está abierta por delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.
En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.
