EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? Familias con hijos que necesitan educación especial y buscan un colegio concertado en la Comunidad de Madrid.
- ¿Cuándo ocurre? A partir del curso 2027-2028, aunque la orden que lo regula aún está en fase de modificación.
- ¿Qué cambia hoy? Los colegios concertados podrán solicitar unidades de educación especial, una opción que hasta ahora solo existía en los centros públicos.
La Comunidad de Madrid abrirá por primera vez la puerta a que los colegios concertados ofrezcan aulas de educación especial. La consejera Mercedes Zarzalejos anunció este martes que la Consejería trabaja en la modificación de la orden de escolarización para que, a partir del curso 2027-2028, los centros sostenidos con fondos públicos puedan sumar unidades específicas para alumnos con necesidades educativas especiales.
Según recogió ABC, la medida responde a una reivindicación antigua del sector concertado. Zarzalejos subrayó que se trata de «defender la libertad de elección, dar todas las posibilidades y que una familia que necesita esa aula de educación especial dentro de un centro ordinario pueda elegir entre un centro público y también entre un centro concertado».
Actualmente, la red pública cuenta con 156 unidades de educación especial repartidas en 60 colegios. Los nuevos cambios normativos permitirán que los concertados opten a una oferta similar, aunque con plazos y requisitos todavía por concretar.
Un anuncio con fecha, pero sin calendario concreto
La consejera situó el inicio en el curso 2027-2028, pero evitó precisar cuándo se publicará la orden definitiva ni el número máximo de aulas que autorizará. Fuentes de la Consejería consultadas por Merca2.es reconocen que el desarrollo reglamentario lleva semanas de trabajo y que deberá pasar por los preceptivos trámites de información pública antes de su aprobación.
Esta indefinición en el calendario no es nueva. En la Comunidad de Madrid, medidas similares —como la ampliación de plazas públicas de 0-3 años o los cambios en los criterios de admisión— han tardado entre ocho y doce meses en materializarse desde su primer anuncio. Mientras tanto, las familias que buscan plaza para el próximo curso se mueven entre la expectativa y la desconfianza.
La promesa de ampliar la libertad de elección llega, además, en un contexto de alta demanda: en el último proceso de escolarización, el 95% de las familias obtuvo su primera opción, según los datos que aportó Zarzalejos. La pregunta es si los conciertos serán capaces de absorber una demanda que, en educación especial, suele requerir ratios más bajas y apoyos reforzados.
La libertad de elección en educación especial es una promesa que suena bien, pero que necesita plazas, recursos y plazos claros para no quedarse en un mero anuncio.
Qué ganan las familias y qué pierde el sistema
Para las familias, la principal ganancia es obvia: una alternativa más cerca de casa y dentro de un modelo educativo que muchas ya conocen. En barrios de la periferia como Vallecas, Carabanchel o Usera, donde la oferta pública de unidades especiales está concentrada en pocos centros, poder llevar al niño al concertado del barrio puede ahorrar desplazamientos de hasta 40 minutos diarios.
Sin embargo, el equilibrio entre inclusión y especialización no es sencillo. La propia orden que ahora se modifica combina tres modalidades: centros de educación especial, unidades en colegios ordinarios y escolarización combinada. Introducir más actores en un sistema ya complejo exige, según fuentes sindicales, reforzar las plantillas de orientación y pedagogía terapéutica, algo que la Consejería no ha detallado aún.
La experiencia en otras comunidades autónomas —como Cataluña, donde los conciertos llevan años con unidades específicas— muestra que la convivencia de sistemas puede funcionar si se asignan los recursos adecuados. Pero también revela tensiones: cuando la financiación no llega, los centros concertados derivan problemas no resueltos hacia la pública, y las plazas prometidas acaban siendo insuficientes.
La batalla de fondo con el Ministerio y los auxiliares de conversación
El anuncio de Zarzalejos se produjo en un desayuno informativo donde la consejera aprovechó para cargar contra el Gobierno central en varios frentes. Además de la educación especial, pidió incluir en la Conferencia Sectorial de este miércoles la regulación del primer ciclo de Educación Infantil —pendiente desde hace más de seis años— y la situación de los auxiliares de conversación, un programa que Madrid considera «clave» para su modelo bilingüe.
«Los auxiliares de conversación son una figura fundamental para Madrid. Ya contamos con 884 centros bilingües y con casi 3.000 agentes. Un programa que ha funcionado sin ningún problema, con unos resultados extraordinarios, hasta que ha llegado Yolanda Díaz y ha dicho que no le gusta», afirmó la consejera, en referencia a las multas que, según ella, luego pierden en los tribunales.
Este conflicto, aunque aparentemente ajeno a la educación especial, ilustra el clima de bronca política en el que se mueve la Consejería. Cada anuncio se convierte, en parte, en munición para el choque de competencias entre administraciones. Y las familias, mientras, esperan que las aulas prometidas se traduzcan en plazas reales.
Por ahora, la orden que regulará las nuevas unidades sigue en fase de borrador. La Consejería no ha dado una fecha para su publicación en el BOCM ni ha detallado los criterios que usarán los conciertos para repartir las aulas. Como suele ocurrir con estos anuncios a dos años vista, lo que hoy es una promesa de libertad de elección aún tiene que superar el filtro de la financiación, los plazos administrativos y, sobre todo, la capacidad real de los centros para acoger a estos alumnos con los apoyos necesarios.
Mientras tanto, la única certeza es que, si todo sigue su curso, en septiembre de 2027 algunos colegios concertados estrenarán sus primeras aulas de educación especial. Habrá que ver si para entonces las familias tienen más opciones o solo más palabras.
