La batalla judicial que mantienen las explotaciones ganaderas españolas con la industria láctea se ha recrudecido en los últimos meses, después de que las principales empresas del sector hayan recurrido ante la Audiencia Nacional la sanción impuesta por las autoridades de competencia por actuar como un cártel entre los años 2000 y 2013. Sin embargo este proceso que se dirime ahora en los tribunales es tan sólo la punta del iceberg ya que estas conductas ilegales se siguen produciendo en la actualidad, según denuncian algunos representantes del sector que alzan la voz a pesar de las presiones del lobby lácteo.
Es el caso del coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCC), Jesús Manuel González, quien asegura que «el cartel de la leche sigue existiendo», algo que «tienen claro los ganaderos» que siguen en activo tras sobrevivir a la destrucción de un 75% de las explotaciones en las dos primeras décadas del presente siglo. Los profesionales de esta actividad están desanimados pero tienen esperanzas de recuperar en los tribunales una parte del dinero perdido como consecuencia de las actividades ilegales de la industria láctea.
Tras una intensa investigación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinó en 2019 que las principales empresas que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca intercambiaron durante catorce años información sobre sus proveedores “con el el objetivo común de consensuar y adoptar una estrategia conjunta para controlar el mercado”. Los técnicos de este organismo recopilaron ingente documentación que prueba que, entre 2000 y 2013, el lobby lácteo usó esta información puesta en común para “materializar acuerdos concretos destinados a coordinar los precios de compra de leche y la cesión de ganaderos entre industriales”.
Así, según la CNMC, “las empresas transformadoras dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían a sus ganaderos, los que iban a ofrecer en un futuro y los volúmenes adquiridos de éstos, así como la identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador y posibles medidas para evitarlo”. Como consecuencia de todo ello los dueños de las explotaciones “carecían de libertad para fijar el precio de su producto y la empresa a la que suministraban”.
Estas conductas colusorias agravan la situación en un mercado que está muy concentrado desde la perspectiva de la demanda, ya que la industria láctea dispone de un poder negociador que es muy superior al de otras actividades del sector primario español. Además, debido a que las explotaciones ganaderas están muy atomizadas, los afectados se ven obligados a vender la producción a precios de derribo para mantener su cuota láctea. Y en un contexto de costes de producción crecientes y unos importes de venta intervenidos el futuro pinta negro para estos profesionales del campo español.
Las grandes empresas defienden su inocencia
Las grandes empresas no sólo niegan que sigan actuando como un cártel, sino que consideran que la sanción de 80,6 millones de euros impuesta por la CNMC no se ajusta a derecho y por ello han acudido a la vía contencioso-administrativa interponiendo varios recursos en la Audiencia Nacional. Los abogados de estas compañías aseguran que el precio de la leche siempre se ha acordado siguiendo criterios de mercado y que no se han cerrado acuerdos bajo la mesa para manipularlos a la baja.
La multa más alta ha sido impuesta a Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), seguida por Danone, Lactalis, Industrias Lácteas Granada (Puleva), Calidad Pascual (antiguo Grupo Pascual) y Nestlé España. Como se puede observar en la tabla adjunta prácticamente toda la industria estaba implicada, incluyendo dos asociaciones profesionales: la catalana GIL (Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña) y la gallega AELGA (Asociación de Empresas Lácteas de Galicia).
Según la CNMC también participaron en estas conductas anti-competitivas las entidades Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana, aunque no han sido multadas porque sus infracciones han prescrito.
Como suele suceder con las sanciones que impone la CNMC lo difícil ahora es saber si podrá cobrarlas, ya que las compañías siempre suelen recurrir, aunque a veces hay excepciones. De hecho en 1997 el entonces denominado Tribunal para la Defensa de la Competencia impuso multas por importe de 1.200 millones de pesetas a 48 empresas y a la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) por realizar las mismas prácticas abusivas y, en aquella ocasión, algunos de los culpables aceptaron la multa y la pagaron. Pero los afectados por la actividad del cártel de la leche no recibieron indemnización alguna. Cobró el Estado pero no los ganaderos perjudicados.
Una indemnización de 300.000 euros por ganadero
Sin embargo la situación actual es distinta a la de aquel momento, porque ahora la regulación permite a los afectados por prácticas colusorias acudir a los tribunales por la vía civil para reclamar al lobby daños y perjuicios sin estar obligados (como establecía la antigua normativa) a probar la existencia del cártel. Tan sólo necesitan que una autoridad administrativa –por ejemplo la CNMC– determine que se ha violado la Ley de Competencia, como sucede en este caso. Aunque los abogados que representan los intereses de los ganaderos esperarán a conocer la sentencia de la Audiencia Nacional para solicitar las indemnizaciones.
Uno de los despachos que trabaja con los afectados es Eskariam, bufete que ha destinado ingentes recursos a ayudar a la CNMC a defender en la Audiencia Nacional la veracidad de todo lo que afirma el organismo de competencia tras años de trabajos. “La investigación realizada por la CNMC es muy seria, ha hecho un gran trabajo y la resolución es sólida. Existe un gran volumen de documentación que prueba los actos realizados por la industria láctea y todo indica que las conductas imputadas se han cometido. Hay incluso correos electrónicos bastante explícitos que ponen todo esto en evidencia”, explica a MERCA2 el abogado Juan Álvarez, COO de Eskariam.
La expectativa de Álvarez es que la Audiencia Nacional “confirmará la existencia del cártel”, algo que esperaba que se produjera este año pero que “dado el ritmo de los procedimientos creemos que llegará en la primavera o el verano de 2022”. El exceso de volumen de trabajo que ya acumulaba la Audiencia Nacional, junto con los problemas derivados de las restricciones ocasionadas por la pandemia de COVID han retrasado la sentencia. Y cuando esta llegue, si respalda la tesis de la CNMC, permitirá a los ganaderos reclamar sus indemnizaciones.
“No tenemos todavía cerradas cantidades concretas porque actualmente nos encontramos recogiendo documentación de nuestros clientes, pero de los datos recopilados en los estudios preliminares estimamos un daño que supera el 10% de la facturación del ganadero durante los catorce años de existencia probada del cártel, una cantidad a la que habría que sumar los intereses. Los ganaderos de nuestra cartera de clientes (que son explotaciones de cierto tamaño) podrán reclamar una media de 300.000 euros cada uno”, indica el portavoz de Eskariam.
“Se han mantenido conductas muy similares”
En cuanto a la posibilidad de que el cártel haya seguido actuando después de 2013, año en el que la CNMC concluyó su investigación, Álvarez apunta que ,según la información recabada por los cientos de ganaderos y asociaciones de productores lácteos con los que el despacho de abogados ha hablado, “todos coinciden en que a partir del año 2013 se han mantenido conductas muy similares que han provocado que los precios de la leche no hayan variado mucho y ellos defienden que existe [el cártel], que se ha mantenido y que a día de hoy todavía se mantiene”. Por ello, los afectados “denuncian que siguen teniendo dificultades para cambiarse de proveedor y negociar los precios de venta”.
El responsable jurídico de Ekiaram recuerda que, según la investigación CNMC “el problema no es que se fijara un precio concreto, sino que el cártel consistía en que se sentaban en una mesa las distintas industrias lácteas e intercambiaban información para alinear sus políticas de compra”. No es que todos adquirieran la leche a los ganaderos a un precio concreto “sino que más o menos establecían precios similares”. De esa manera “eliminaban la competencia y desparecían incentivos a mejorar las condiciones de compra o a ofrecer más servicios al ganadero”. En algunos casos se produjo incluso la paradoja de que “existía exceso de producción de leche en España y al mismo tiempo se estaba importando leche de Francia”, apostilla Álvarez.
A pesar de que la industria láctea defiende públicamente que este proceso judicial no tiene recorrido y que la Audiencia Nacional terminará tumbando la resolución de la CNMC (o al menos rebajando las multas), lo cierto es que las patronales y las multinacionales españolas se han tomado este proceso muy en serio y han puesto a trabajar a los más importantes bufetes de abogados españoles en el caso. Una actividad en el terreno legal que se ve acompañada por una campaña de relaciones públicas y por una capacidad de acción política que podría llegar incluso al Ministerio de Agricultura.
“Mano negra que acosa y derriba a los ganaderos”
Es lo que apuntan las organizaciones profesionales ASAJA, COAG y UPA, que denuncian la existencia de “una mano negra que no quiere que se reconozca que en el sector lácteo hay ciertos eslabones que llevan varios años en una estrategia de acoso y derribo hacia los ganaderos que producen leche de vaca en España, algo más de 12.000 en nuestro país”.
Así lo expresaron en un reciente comunicado realizado con motivo del informe sobre la cadena láctea que está previsto que se haga publico este lunes 8 de junio y que será determinante para determinar la situación real del sector. Según estas organizaciones que representan a los trabajadores del sector primario español, los últimos cambios introducidos en la metodología de este estudio de la cadena de valor lo convierten en un documento “carente de rigor”, elaborado con el único propósito de culpabilizar a los ganaderos de los problemas del sector lácteo español.
Finalmente COAG, ASAJA y UPA solicitan al Gobierno que establezca las necesarias garantías para que que este informe “sea un documento que refleje la situación real del sector y aporte transparencia, y no un texto que lave la imagen y la conciencia de determinados agentes en la cadena con comportamientos irresponsables”.
