Un exoficial de la CIA demanda a la agencia para forzar la desclasificación de archivos sobre el fiasco de Irak, el mayor descalabro de inteligencia de Occidente en este siglo. La querella, interpuesta en un tribunal federal de Estados Unidos y adelantada por el portal especializado SpyTalk, pretende abrir el cajón donde Langley guarda los detalles más comprometidos sobre las inexistentes armas de destrucción masiva. Veintitrés años después de aquel informe, la agencia sigue resistiéndose a soltar el papel.
Le adelanto que esto no va de morbo histórico. Va de doctrina, de responsabilidades y de cómo se reescribe internamente un fracaso para que no contamine a la siguiente generación de analistas.
Anatomía de un fiasco que sigue clasificado
El demandante es un exoficial con acceso documentado al expediente original. Sostiene que la CIA ha denegado de forma sistemática sus peticiones bajo la Freedom of Information Act, amparándose en exenciones de seguridad nacional que, a su juicio, no se sostienen. Su tesis, recogida en la información de SpyTalk, es directa: lo que sigue oculto no protege fuentes ni métodos, protege carreras y reputaciones.
Conviene recordar el origen. En octubre de 2002, la CIA entregó al Congreso el famoso National Intelligence Estimate sobre los programas de armas de destrucción masiva atribuidos a Sadam Husein. Aquel documento, sintetizado después en el White Paper público, afirmaba con alta confianza que Bagdad mantenía arsenal químico, reactivaba el biológico y reconstruía el nuclear. Nada de aquello era cierto. La fuente principal sobre el programa biológico, conocida con el criptónimo Curveball, era un ingeniero iraquí refugiado en Alemania cuya información había sido marcada como dudosa por el BND mucho antes de que llegara a la mesa de George Tenet.
El tradecraft falló en cadena. HUMINT contaminada, SIGINT sobreinterpretada, IMINT forzada para que cuadrara con la hipótesis política. Los analistas que dudaron fueron apartados del circuito. Lo escribí hace años: cuando un servicio empieza a producir la inteligencia que el cliente político quiere oír, ha dejado de hacer inteligencia.
Qué quiere desclasificar el demandante y por qué importa
El núcleo de la demanda apunta a tres bloques documentales. Primero, los memorandos internos de la Directorate of Operations sobre la gestión de Curveball y de otras fuentes humanas iraquíes. Segundo, las comunicaciones entre Langley y la Iraq Survey Group, el equipo enviado tras la invasión a buscar las armas que nunca aparecieron. Tercero, y aquí está lo jugoso, las evaluaciones internas de desempeño de los oficiales implicados en el dosier.
Ese tercer bloque es el que la CIA defiende con uñas y dientes.
Cuentan quienes conocen el expediente que entre esos papeles figuran nombres de oficiales que fueron promocionados después del fiasco, no degradados. Esa es la herida que sigue abierta dentro de la casa: nadie pagó. La Robb-Silberman Commission de 2005 documentó el fallo metodológico, pero las consecuencias personales fueron mínimas. Tenet recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de George W. Bush en diciembre de 2004, año y medio después de que la guerra hubiera empezado sin armas que encontrar.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
El vector de amenaza aquí no es externo, es reputacional e institucional. No estamos ante un ciberataque ni ante una infiltración HUMINT enemiga. Estamos ante una filtración judicializada desde dentro, un insider que recurre al tribunal federal para forzar la transparencia que la propia agencia bloquea. Es el mismo vector que abrió en su día el caso Pentagon Papers con Daniel Ellsberg en 1971, salvando las distancias evidentes.
Las agencias implicadas son tres. La CIA como demandada, defendiendo el perímetro de clasificación con el argumento clásico de fuentes y métodos. El ODNI como observador obligado, porque cualquier desclasificación masiva sobre Irak afecta al equilibrio interno de la Intelligence Community. Y, mirando desde fuera con interés legítimo, los servicios aliados que entonces compartieron material o lo recibieron contaminado: el SIS británico —aún arrastra el peso del dodgy dossier de Tony Blair—, el BND alemán que avisó sobre Curveball y fue ignorado, y los servicios de los países que se sumaron a la coalición sobre la base de aquel informe. España entre ellos, dicho sea de paso. Me consta que en la Casa de Castelló se siguió en su momento la elaboración del National Intelligence Estimate con un escepticismo que nunca se hizo público.
El espionaje no se mide por las operaciones que salen bien, sino por la honestidad con que un servicio reconoce las que salieron mal y deja que la siguiente generación las estudie.
El nivel de clasificación estimado del material en disputa es mixto. A juzgar por la naturaleza del expediente, hablamos de Top Secret en los memorandos sobre fuentes humanas y de Secreto/NOFORN en buena parte de las evaluaciones internas. Algunos anexos pueden estar marcados como ORCON, control del originador, lo que significa que solo la propia CIA puede autorizar su difusión. De ahí la fortaleza con que Langley resiste.
La lectura confidencial es otra. La demanda llega en un momento en que la Intelligence Community estadounidense atraviesa una crisis de credibilidad pública por la combinación de Irak (2003), Snowden (2013), Afganistán (2021) y los recientes debates sobre la atribución de operaciones de influencia. Cada papel que se desclasifique sobre el dosier iraquí volverá a poner sobre la mesa la pregunta incómoda: ¿qué garantías tiene hoy un primer ministro aliado de que la inteligencia que le pasa Langley sobre Irán, sobre China o sobre Venezuela no esté contaminada por el mismo sesgo de confirmación que produjo el desastre de 2003?
El CNI sigue de cerca este pleito. No por curiosidad académica, sino porque el material que pueda salir afectará al modo en que España valida en el futuro los productos compartidos por la Intelligence Community. La doctrina cambia. La aritmética también.
El calendario judicial y lo que viene
El tribunal federal tiene previsto pronunciarse sobre las primeras peticiones de exhibición documental en las próximas semanas. La CIA dispondrá entonces de un plazo para alegar las exenciones que considere aplicables, y el demandante para impugnarlas una a una. Es un procedimiento lento, técnico y desgastante, diseñado para que la mayoría de los demandantes se rindan antes de llegar al fondo.
Este, por lo que sé del oficio, no se va a rendir.
Sigo de cerca esta causa porque tengo claro que su desenlace marcará jurisprudencia sobre cuánto puede esconder un servicio de inteligencia detrás del paraguas de la seguridad nacional cuando lo que esconde no son fuentes ni métodos, sino errores. Le pongo en contexto: si el demandante gana siquiera parcialmente, la próxima generación de oficiales de la CIA sabrá que sus evaluaciones internas pueden, algún día, acabar siendo públicas. Eso, en el oficio, lo cambia todo.
El próximo informe del ODNI sobre transparencia, esperado para finales de año, debería incluir alguna referencia a este pleito. Si no lo hace, ya tendremos respuesta sobre quién manda en la cadena de desclasificación.
