El Ministerio de Derechos Sociales ha insistido en recriminar a la Comunidad de Madrid por no haber recibido ninguna documentación de las actuaciones desplegadas en el laboratorio Vivotecnia, cuyas instalaciones se ubican en la localidad de Tres Cantos, ante las denuncias de presunto maltrato animal.
Además, vuelve a instar al Gobierno regional a que establezca un marco de colaboración, y le exhorta a esclarecer por qué no ha procedido al trasladado de los ejemplares, causando con ello «desconcierto social» cuando precisamente la protección de los derechos de los animales requiere acciones «contundentes.
Así lo traslada en una nueva misiva, el departamento que lidera Ione Belarra tras conocer la contestación de la Consejería de Medio Ambiente, que ante la primera que remitió la propia ministra a la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso, manifestó que «desde el primer momento» respondió a las dudas de la administración central sobre el caso Vivotecnia.
En la primera carta, la propia ministra reclamó a la Comunidad el traslado inmediato de estos ejemplares, pidió que personal de su departamento pudiera inspeccionar las dependencias de Vivotecnia y le recriminó que los intentos de colaboración planteados por el Gobierno ante este caso no fueran atendidos.
Mientras, la Consejería de Medio Ambiente desgranó que se dio cuenta al Ministerio de las inspecciones realizadas en colaboración con la Guardia Civil (SEPRONA) de manera conjunta y de las actuaciones inminentes puestas en marcha, como la suspensión temporal de la actividad del laboratorio, que se levantó el pasado 1 de junio tras comprobar que se habían implementado todas las medidas preventivas y correctoras solicitadas para garantizar la protección de los animales».
Ahora y con este nuevo escrito, el Ministerio reitera que cuando tuvo conocimiento de los presuntos casos de maltrato animal perpetrados en los laboratorios de Vivotecnia, se trató de establecer una línea de diálogo abierto con la administración autonómica con el fin «de esclarecer los sucesos acontecidos». Todo ello desde su «firme voluntad de fortalecer el diálogo y la colaboración entre las dos administraciones».
SE NECESITA «ACCIONES CONTUNDENTES» ADEMÁS DE DECLARACIONES
Sin embargo, replica que el Gobierno regional ha desplegado afirmaciones que consideran «necesario matizar para no inducir a error a una opinión pública» que insta a trabajar conjuntamente en la defensa y la protección de los derechos de los animales», un compromiso «firme» que «abandera» el Ministerio mediante la Dirección General de Derechos de los Animales.
De esta forma, especifica que dicho compromiso requiere, además de «declaraciones firmes», «acciones contundentes» como las anunciadas por la Dirección General del Ministerio para desarrollar modificaciones legislativas que incluyan la implementación de videovigilancia en laboratorios.
Por tanto, sostiene que desde el mes de abril se conminó a la Comunidad en el despliegue de una actuación coordinada y la «puesta en marcha de medidas preventivas con el objetivo de que estos hechos no se produzcan de nuevo».
Frente a la versión del Ejecutivo autonómico que declaró que se había «coordinado perfectamente dando cuenta de todas las actuaciones al Ministerio«, la institución estatal vuelve a exponer que la única comunicación recibida data del pasado 16 de abril y que, pese a que se señalaba el compromiso con el bienestar animal del departamento autonómico, no se adjuntaba «ningún contenido documental sobre las acciones realizadas que ayudaran a esclarecer los hechos.
GENERA «DESCONCIERTO SOCIAL» E «INCERTIDUMBRE»
Sobre todo cuando el 13 de abril, a través de un comunicado «oficial», la Comunidad de Madrid afirmó que se contemplaba «el traslado de los animales a centros de acogida con su posterior adopción, en función de lo que establece la normativa de protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos».
«La medida que se refleja en estas declaraciones no ha sido acometida a fecha de hoy, generando un desconcierto social por la incertidumbre sobre el bienestar de estos animales», ahonda el departamento ministerial.
Finalmente, traslada al Ejecutivo regional que es «responsabilidad de las instituciones abordar conjuntamente la emergencia social que supone la violación de los derechos de los animales», y para ello es «necesaria la asunción de responsabilidades por parte de todas las administraciones en el ámbito de sus competencias».
«En esta línea, este Ministerio vuelve a ofrecer su colaboración para garantizar que hechos como el que trata esta misiva no vuelvan a suceder en nuestro país», zanja el escrito del Ministerio.
