La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que la aplicación de las medidas aprobadas por el Gobierno para contener la escalada en el recibo de la luz supondrá una reducción de entre 24,83 y 28,05 euros en la factura eléctrica de un hogar medio (4,6 kW y 3.500 kWh).
Se trata de una rebaja de entre el 28% y el 33% si los precios de la electricidad en el mercado mayorista se mantienen en valores similares a los registrados entre junio y septiembre.
En el caso de que se mantengan los precios de la primera quincena de septiembre, la principal rebaja, de 17,22 euros, corresponderá al concepto de cargos de la factura, que ha reducido tanto el término de potencia como el precio del KWh (sobre todo en horario punta) en previsión de los ingresos que se van a producir por las aportaciones de las plantas generadoras de electricidad que, sin tener como materia prima al gas, se están beneficiando de los elevados precios del mercado mayorista.
El resto de los ahorros son resultado de reducir al 0,5% el Impuesto de la Electricidad, además de la anterior reducción del IVA al 10%, que se traduce en un descuento adicional de hasta 3,60 y 7,23 euros respectivamente, dejando la factura de septiembre en 72,27 euros para un hogar medio.
OCU recuerda que estas medidas únicamente reducen «parcialmente» las elevadísimas facturas que están pagando una gran parte de los hogares españoles con motivo de la escalada de precios de la electricidad, pero no evitarán que las facturas sigan registrando importes de récord, salvo que haya una reducción de precios mayorista.
OCU considera que estas medidas «apuntan en la buena dirección» y suponen aceptar reivindicaciones históricas de la organización. Además, recuerda que mientras se mantengan el precio del gas y los derechos de CO2 elevados, las plantas de generación únicamente reducirán los extraordinarios y no previstos ingresos que están recibiendo por este motivo, pese a que sus costes no han sufrido ninguna modificación.
En cualquier caso, OCU considera que quedan otras importantes medidas pendientes, como dotar a las anteriores de un carácter permanente y seguir luego con una reforma del bono social que facilite la accesibilidad a todos los hogares (más de 1,2 millones deberían ser beneficiarios de este bono y no lo tienen contratado) con medidas que faciliten su aplicación automática con arreglo a criterios de ingresos y su extensión a comercializadoras en el mercado libre, que podrían aplicarlo esos descuentos sobre su catálogo de tarifas vigente.
Además, habría que obligar a las compañías a publicar el catálogo completo de sus diferentes tarifas, ya sean fijas o indexadas, de modo que los usuarios puedan conocerlas y compararlas fácilmente, lo que sin duda impulsará la competencia real del mercado eléctrico, según la organización.
