La Audiencia Nacional juzga a partir de este martes a varios exdirectivos del Banco de Valencia y Bancaja además de a cinco integrantes de la familia Calabuig Gimeno por el ‘caso Bellver’, en el que se investiga una operación de compraventa de acciones que provocó «un perjuicio económico» a las entidades bancarias.
En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión por un delito de administración desleal para Aurelio Calabuig y para el ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra en concepto de autores. Además, interesa la misma pena para los cuatro hermanos restantes, para el ex consejero delegado de Bancaja Habitat José Cortina y para el directivo de Bancaja Manuel Setién, todos ellos como cooperadores necesarios.
Para el Ministerio Público el centro de esta operación fue Parra, que en el momento de los hechos figuraba como consejero delegado del Banco de Valencia y como consejero de la sociedad Inversiones Financieras Agval, que estaba participada al 50% por la familia Calabuig Moreno y, en su otra mitad, por la citada entidad bancaria.
El fiscal describe que, durante el tiempo que ejerció ambos cargos, llevó a cabo una «operación irregular», que consistió en la compra de la sociedad Costa Bellver, que también estaba participada por los hermanos Calabuig. En concreto, fue en 2009 cuando la familia Calabuig se decidió a la adquisición de acciones de la mercantil, dedicada a la actividad inmobiliaria, y que había sido fundada por otra estirpe, los Bordils.
Parra, por medio de Agval, se hizo con Costa Bellver a un precio de 80.044 euros la acción, cuando la familia Calabuig las había adquirido anteriormente por un valor aproximado de 30.664 euros, un importe ostensiblemente inferior.
SE «BENEFICIARON DE FORMA INJUSTIFICADA»
La Fiscalía Anticorrupción considera que «mediante dichas operaciones aprobadas por el Consejo de Administración de Agval se beneficiaron económicamente de forma injustificada» los hermanos Calabuig y una de sus sociedades, Fucsa.
En esta línea, el fiscal sostiene que tanto Parra como los hermanos incumplieron «las normas básicas de actuación bancaria de forma consciente y deliberada sin que conste» que esa operación fuese supervisada por ningún otro órgano bancario».
Fueron unos días después de esa operación cuando Bancaja Habitat, entidad de la que era consejero delegado José Cortina, compró un paquete de acciones de Costa Bellver a un precio de nuevo superior al que se había abonado anteriormente por las mismas.
En concreto, esta operación fue ejecutada por Aurelio Gómez, director general de Bancaja, que dio órdenes a Cortina y Manuel Setién, que actuó como apoderado de Bancaja Habitat. El fiscal señala que las compras no fueron «analizadas» por ninguna entidad u órgano tasador, que habría podido «detectar un precio por acción muy superior al real».
«Con las operaciones descritas anteriormente» los acusados Parra y Gómez «beneficiaron» a los hermanos Eugenio, Celia, Mercedes, Pedro y Enrique Calabuig, que «obtuvieron unas ganancias con la venta de acciones de Costa Bellver que de otra forma no habrían conseguido, causando los propios Parra y Gómez «un perjuicio económico» a las entidades en las que trabajaban.
DOMINGO PARRA YA FUE CONDENADO
Uno de los acusados, Domingo Parra, fue condenado por la Audiencia Nacional en enero de 2020 junto a los empresarios Bautista Soler, María Victoria Soler y Vicente Fons a devolver solidariamente 94 millones de euros al FROB, que tuvo que rescatar la entidad con dinero público por el agujero que dejaron con prácticas de administración desleal.
Conforme recordaba la Sala en su sentencia, la entidad tuvo que ser intervenida por el FROB el 21 de noviembre de 2011 con 4.500 millones de euros para sanear las pérdidas provocadas. Posteriormente, mediante un procedimiento de subasta pública, fue adjudicada a la sociedad «Caixabank, S.A.» por el precio de un euro y a continuación, llevó a cabo un proceso de fusión por absorción de Banco de Valencia.
El pasado mes de julio, el mismo Parra fue absuelto por la Audiencia Nacional junto a la consejera delegada de Libertad 7 Agnes Noguera por las pólizas y los préstamos que la entidad bancaria concedió a la promotora inmobiliaria, al considerar que no había quedado acreditado que cometieran un delito de administración desleal por ello.
