El senador autonómico y diputado regional del PRC, José Miguel Fernández Viadero, ha registrado varias preguntas en la Cámara Alta con el fin de reclamar la mejora y la agilización de la tramitación y pago de las ayudas por catástrofes naturales, como las inundaciones sufridas por varios municipios cántabros el pasado 29 de noviembre y que han causado daños materiales a empresas y vecinos y en algunas infraestructuras municipales.
Por ello, Fernández Viadero solicita conocer si el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a declarar zona catastrófica a municipios como Ampuero, Piélagos, Mazcuerras o Molleda, tal como ha requerido el Gobierno cántabro el pasado 30 de noviembre, y en qué plazo los afectados podrán acceder a las ayudas y a su pago.
Para el representante regionalista, los ciudadanos, empresas y ayuntamientos afectados «precisan de certezas y de plazos concretos, que no deben delatarse». Además, ha recordado que la limpieza de los cauces de los ríos es competencia del Ejecutivo central, a través de las confederaciones hidrográficas.
Por ello, ha considerado «necesario» que el Gobierno central asuma la propuesta planteada en la última reunión preparatoria de la Conferencia de Presidente por el Ejecutivo regional a través de la consejera de Presidencia, Paula Fernández, de «unificar» la legislación, reducir la burocracia y agilizar la tramitación de los expedientes para «mejorar y facilitar» a los afectados por las catástrofes naturales la petición de ayudas y su cobro.
En este sentido, Fernández Viadero ha lamentado que, con la actual normativa, los ciudadanos «deben esperar largos periodos de tiempo sin acceder a las ayudas, como consecuencia de una legislación farragosa, la involucración de varios ministerios en el proceso y por la dependencia de varios reales decretos».
«Al mal causado por las lluvias u otra catástrofe, las administraciones no debemos añadir más incertidumbres y más desconcierto a los afectados», ha declarado.
Además de preguntar por estas cuestiones, el senador autonómico y diputado regional del PRC ha cuestionado al Gobierno por el tipo de ayudas a las que tienen derecho los ayuntamientos, vecinos y empresas afectadas, y el por el plazo qué maneja el Ejecutivo para proceder a su pago.
