Tanto el presidente de la Sección Sanitaria del Colegio de Abogados de Madrid, Juan José Bestard, como el presidente de la sección de Derecho Administrativo de la misma institución, Alberto Dorrego, dudan de la «viabilidad constitucional» de prohibir fumar en el coche, así como de otras medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad en el borrador del ‘Plan de Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025’.
El documento, que ya ha sido enviado a sociedades científicas y CCAA para que realicen aportaciones antes del 15 de diciembre, propone «antes del año 2023» aumentar los lugares libres de humo para que no se pueda fumar ni en los coches, ni en las terrazas de la hostelería ni en los parques infantiles, entre otros espacios exteriores. Por tanto, esta nueva normativa se trasladaría a una modificación de la Ley Antitabaco, vigente desde 2010.
Al respecto, Bestard ha advertido de que esto tendrá una «aplicación compleja». En cuanto a la prohibición de fumar en un vehículo propio, defiende que «hay cobertura jurídica siempre y cuando se busque proteger la salud de los acompañantes, sobre todo si son menores».
En cambio, «no habría justificación para prohibir fumar a una persona sola en un coche, a no ser que se apele a que constituye una distracción para el conductor», ha profundizado el experto en derecho sanitario, para incidir en que «limitar el derecho a fumar de una persona fumadora estando sola es discutible».
TERRAZAS Y PARQUES INFANTILES
Así, ha proseguido, «limitar el uso del tabaco en espacios abiertos es una medida que tiene el inconveniente de que tiene que ser efectiva y a la vez posible de controlar», ha señalado, para añadir que es «muy distinto» limitar el uso del tabaco en terrazas donde haya más gente, para salvaguardar la salud de estas personas, de limitarlo en un parque donde no hay nadie. «Va a ser complicado aplicar esta ley y ver si no se está excediendo o limitando algún tipo de derecho», ha añadido.
«Limitar el uso de una sustancia tóxica en un lugar donde no hay nadie más que la persona que lo utiliza impacta directamente sobre el derecho fundamental de la libertad personal, porque la persona no hace daño a nadie», ha insistido Bestard. «No habría un derecho jurídicamente protegido superior, que sería no dañar la salud de otra persona», ha explicado.
En la misma línea se ha mostrado el presidente de la sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid. «En general, todas las normas sancionadoras tienen que tener por objeto proteger derechos de terceras personas. Entonces, toda medida sancionadora que solo tenga por objeto proteger al propio sujeto que está realizando la acción no tendría demasiado sentido», ha zanjado Dorrego.
Al igual que Bestard, el experto en Derecho Administrativo también ha mostrado recelo sobre cómo se aplicaría la prohibición de fumar en los coches dentro del marco jurídico. «Prohibir cuando van menores a bordo puede tener mucho sentido, sin embargo, si se prohíbe fumar en un coche siempre y en cualquier circunstancia, incurrimos en que no se está protegiendo a nadie», ha ejemplificado.
Por otro lado, ha defendido que la prohibición de fumar en zonas cercanas a colegios «puede tener sentido». «En muchos países esto ya está regulado, ya que está afectando a derechos de menores y se les está induciendo al consumo», ha expresado.
MEDIDAS PUNITIVAS FRENTE A MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Con todo, el presidente de la Sección Sanitaria del Colegio de Abogados de Madrid ha criticado la falta de efectividad de estas medidas «punitivas» sobre la población, en comparación con los buenos resultados que se derivarían de la implantación de campañas de educación sobre los riesgos del hábito tabáquico desde la infancia y la adolescencia.
«Las medidas punitivas pueden tener su impacto, pero no hay color con las educativas y con las de concienciación de la población joven», ha expresado. «Es más fácil subir el precio y una multa que todo el proceso de educación, que dura años y cuyos efectos se verían a largo plazo», ha lamentado. «En estos temas no hay milagros, lo que hay es trabajo permanente durante muchos años con medidas muy a largo plazo», ha apostillado.
En relación con esto último, ha afirmado que medidas como las propuestas por Sanidad son «de muy cara implantación», ya que hay que incrementar el número de efectivos policiales. «Las medidas coercitivas y punitivas son muy difíciles de implementar. Además, la gente suele recurrir las multas, lo que se traduce en una mayor afluencia en los juzgados y en un encarecimiento de la vida cotididana de una sociedad», ha apuntado Bestard.
Por último, ha recordado que el tabaco «hace mucho daño y causa enfermedades que hay que curar». Por ello, prosigue, «cuantos más incentivos negativos se pongan para que la gente fume, más se reduce la exposición de las personas a este tóxico y más se disminuyen las enfermedades. De esta manera, se reduce la afluencia de pacientes en hospitales, y se ahorran costes para la sanidad», ha concluido.
