El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha reclamado una «auditoría» de lo ocurrido en las residencias durante el primer año de pandemia, 2020, cuando hubo un «escandaloso» exceso de mortandad entre las personas mayores residentes en estos centros.
«Es una necesidad hacer una auditoría de lo que ha ocurrido y a partir de ahí modificar lo que sea necesario en el modelo residencial. Algo habrá que analizar cuando los diferenciales de mortandad en residencias en el año 2020 son directamente escandalosos. El exceso de mortandad en residencias de Madrid es del 53% respecto a lo que correspondería en función de sus plazas», ha valorado Sordo este miércoles en una rueda de prensa para presentar el Observatorio Social de las personas mayores 2021, elaborado por la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO.
Según ha indicado, no se refiere a «consecuencias penales», aunque cree que «debería haberlas», sino a hacer una lectura de lo que ha sucedido, sobre todo, previendo el envejecimiento de la población que se va a «disparar» en las próximas décadas.
Actualmente, según se desprende de los datos, en España casi el 20% de la población tiene más de 64 años, cifra inferior a la de Italia (23,3%) o a la de Finlandia (22,2%). Sin embargo, solo Italia, Grecia y Francia superan el 3,3% de la población mayor de 85 años que tiene España.
Además, Sordo ha precisado, citando datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que en 2058, más del 43% de la población española tendrá 65 años o más y en 2061, el 13% tendrá más de 80.
«Previendo ese volumen de personas de más de 60 y 80 años, hay que definir un sistema de atención residencial distinto al actual, con un nivel de variedad para atender a situaciones diversas, no va a valer un modelo único», ha opinado Sordo.
El Observatorio Social de las Personas Mayores pone de relieve este año «la centralidad de plantear las políticas públicas para asegurar la vida digna y de calidad» de los mayores y señala que la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha «puesto el foco sobre las residencias».
«La calidad de la atención de las personas mayores y las condiciones laborales de las personas trabajadoras en ellas han hecho saltar las alarmas sobre la necesidad de aumentar el control para asegurar una mejor gestión, especialmente en momentos críticos», precisa.
NO SOLO PARA BUSCAR BENEFICIO ECONÓMICO
En este sentido, el informe señala que es «urgente» que lo ocurrido con el Covid-19 «movilice» a todas las administraciones para «pensar las residencias de mayores no solo para buscar beneficio económico, sino mirando en el bienestar de las personas mayores y prevenir para que no se repita en el futuro».
Así, CCOO considera necesario fortalecer una mayor atención domiciliaria y reforzar los centros de atención diurnos y nocturnos.
El secretario general de Pensionistas de CCOO, Vicente Llamazares, ha puntualizado que «el aumento de la esperanza de vida debe acompañarse de condiciones dignas y saludables como marca la OMS» y ha añadido que «este envejecimiento de las personas debe llevar aparejados recursos sanitarios suficientes para ser integrado».
Si bien, ha lamentado que España ocupa el puesto número 11 de la Unión Europea en gasto público en salud, con un diferencial respecto a la media europea de dos puntos porcentuales de PIB. Además, ha destacado como dato llamativo que en 2019 hubiera un total de 1.096 geriatras, los médicos especializados en la salud de los mayores, para toda España, un 3,7% más que el año anterior.
Por otra parte, el estudio advierte de que el «fuerte incremento» de los precios energéticos está «impactando decisivamente» en las condiciones de vida de las personas mayores, resultando situaciones de pobreza energética, tanto en verano como en inverno.
El sindicato avisa de que la presión sobre los servicios públicos seguirá en aumento de la mano de la mayor esperanza de vida de la población y, por ello, urge a «reformar el sistema fiscal para cumplir con los objetivos de estabilidad sin implicar recortes».
En esta línea, dice que es «urgente» tomar medidas para «combatir el fraude fiscal y la economía sumergida» así como «la armonización fiscal de las distintas comunidades autónomas».
