Sergio García Torres, el alto cargo de Unidas Podemos, es un acérrimo defensor de los derechos de los animales. Tanto es así que el exlíder de Unidas Podemos Pablo Iglesias, en el año 2020, decidió recompensar la labor que este activista que lleva desempeñando durante tantos años y colocarle como Director General de los derechos de los animales, un puesto que se inventó expresamente para él. Sin embargo, cuando se trata de derechos laborales su actuación deja mucho que desear, o eso opinan las antiguas trabajadoras de su restaurante vegano.
Pura Vida es el establecimiento hostelero que dirige el activista y antitaurino de Unidas Podemos. Un local vegano, como no podía ser de otra forma, que no comercializa productos u otros derivados relacionados con la matanza animal. Esta práctica busca, entre otras cosas, frenar el sufrimiento animal y proteger su cuidado. Pero los derechos laborales ya son otro cantar.
En el año 2018, dos empleadas de este local publicaron un comunicado con el título: «Pura Vida Vegan Bar despide a dos trabajadoras por enfermar». El texto fue difundido a través de Facebook, en una cuenta creada para difundir la situación que estaban viviendo las trabajadoras de dicho restaurante y que lleva por nombre «Pura Vida Explota y Despide».
El comunicado comienza expresando que «algo que sea legal no significa que sea ético». Y es que, según explican, el empresario García Torres se amparó en la reforma laboral del Partido Popular de 2012 para utilizarla «a su favor». Esta ley ha sido criticada «ferozmente», como matizan en el texto, por el partido político Unidas Podemos, al cual pertenece el director general de los derechos de los animales. Las trabajadoras afirmaron que tras un tiempo de reflexión, llegaron a la conclusión de que era necesario sacar a la luz «el menosprecio y el poco respeto que se tiene en este local por las trabajadoras y sus derechos». Una actuación que no entendieron dado que se trata de un bar que se proclama «liberado y lleno de amor», según recoge el texto.
Los hechos ocurrieron el 7 de diciembre de 2017 cuando dos trabajadoras fueron despedidas estando de baja médica, afirman en el difundido. Además, añaden que se produjo «por sorpresa» para ellas y «sin ningún tipo de aviso por parte de la empresa», ya que «sin mediar palabra» recibieron el ingreso de la liquidación en las respectivas cuentas bancarias y fueron eliminadas del grupo de trabajo de WhatsApp.
En ese momento, ambas se encontraban de baja médica, una de ellas por «accidente laboral tras resbalar en la cocina mientras trabajaba». La otra «llevaba cinco semanas de baja por depresión», según aseguran, motivado «en gran medida por el estrés y la presión en el trabajo, las interminables jornadas de hasta de 12 y 13 horas, la falta de descanso entre turnos, las malas formas de los jefes con las empleadas y, en general, el mal ambiente que se generaba en el local».
Las trabajadoras, tras no recibir una explicación por el despido, decidieron personarse en el centro de trabajo buscando respuesta. La contestación que las empleadas recibieron fue que habían sido despedidas por «estar mucho tiempo de baja». Las damnificadas pedían al final del comunicado tener estas acciones en cuanta, por «solidaridad» con ellas y con «otras trabajadoras despedidas y explotadas anteriormente», antes de apoyar «económicamente a Pura Vida».
Tampoco hay medidas por los animales
Además de que, como afirman estas empleadas, cuando se trata de condiciones laborales, Sergio García deja mucho que desear, en lo que respecta a los animales tampoco es que haya trabajado mucho o por lo menos desde que es director General de los derechos de los animales. Desde que llegó al cargo en 2020, no ha completado ningún proyecto, aunque la Ley de Protección Animal está cerca y el Ejecutivo prevé que entre en vigor para 2023.
La ley pretende prohibir la venta de mascotas en las tiendas, eliminar el listado de perros potencialmente peligrosos y establecer un registro de personas inhabilitadas para tener animales de compañía. Y es que el proyecto estrella de Sergio García tiene como objetivo endurecer las penas y sanciones por maltrato y unificar las normativas de todo el Estado, en un Estado donde muchas de estas competencias están transferidas.
Sin embargo, todavía falta un año para que esta necesaria medida vea la luz, mientras tanto, Sergio García se asegura seguir cobrando de la Administración. Un salario que se encuentra cerca de los 80.000 euros brutos anuales y que lleva cobrando dos años. Aunque sí que se ha reunido esporádicamente con algunas asociaciones relacionadas con el mundo animal, pero poco más.
