El Gobierno se ha marcado como objetivo para el año 2022 cumplir el mandato de crear la Autoridad de Protección del Cliente Financiero, una iniciativa que velará por los derechos de los usuarios con resoluciones vinculantes y que arrastra varios años de retraso.
El nuevo Plan Anual Normativo 2022, incluye el objetivo de Economía de crear una entidad de resolución alternativa de litigios, un mandato recogido en la disposición adicional primera de la ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
El Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2022, aprobado por el Gobierno, contiene las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales prevén elevar durante este año al Consejo de Ministros para su aprobación.
El documento incluye la previsión de aprobar una ley de creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero, así como un real decreto para desarrollar aspectos relativos a esta figura, como los procedimientos de tramitación de reclamaciones o los nombramientos, entre otros.
El Banco de España ha constatado un incremento «sostenido y relevante» de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos al Departamento de Conducta de Entidades, que pasaron de 14.638 en 2019 a 21.320 en 2020. Solo en la primera mitad de 2021, el organismo recibió 18.753 reclamaciones de ciudadanos y sus estimaciones pasan por tramitar entre 36.000 y 42.000 reclamaciones anuales entre 2021 y 2023.
El Departamento de Conducta de Entidades del Banco de España analiza las reclamaciones y, si considera que la actuación de la entidad no es correcta, le hace un requerimiento para que presente las alegaciones y la documentación que estime conveniente, lo que puede concluir con la emisión de un informe motivado del Banco de España favorable al consumidor. Sin embargo, estos dictámenes no son vinculantes, por lo que en algunos casos son desoídos por los bancos.
La intención del departamento que dirige Nadia Calviño es que la futura Autoridad de Protección del Cliente Financiero sea gratuita para los usuarios y sí pueda emitir dictámenes vinculantes para las entidades financieras hasta un determinado importe que deberá determinarse.
UNA INICIATIVA QUE ARRASTRA AÑOS DE RETRASO
La creación de una autoridad de protección de los clientes financieros es una iniciativa que ya planteó el anterior Gobierno del Partido Popular y que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recogió en 2018.
La intención era que el proyecto saliese adelante en 2019, pero estos planes se retrasaron por la convocatoria de elecciones generales en 2019 y después por el estallido de la pandemia, que llevó al Ministerio de Asuntos Económicos a centrarse en las medidas de respuesta a la crisis.
Las organizaciones de consumidores, como Asufin o Adicae, llevan tiempo reclamando que se acelere la creación de esta autoridad para evitar posibles abusos desde el sector financiero y evitar costes adicionales a los clientes a la hora de reclamar.
El compromiso del Gobierno de sacar adelante la creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero también está contemplado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. «Entre otras medidas, se prevé la creación de una nueva Autoridad de Protección del Cliente Financiero, que favorezca un mecanismo ágil para garantizar que el sistema financiero cumple de la forma más eficiente su función, tanto con ahorradores como con empresas», señala dicho plan.
