Organizaciones y colectivo que forman el movimiento ‘Regularización Ya’ ha convocado movilizaciones el 19 y 20 de febrero en 16 ciudades de toda España con el objetivo de recaudar 500.000 formas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada en colaboración con varias organizaciones, que busca la regularización de las 500.000 personas migrantes en situación administrativa irregular en España.
Desde el movimiento han puesto en valor la necesidad de «una regularización urgente, amplia y sin condiciones» para las personasmigrantes indocumentadas por «una cuestión de derechos y de justicia social» y con el fin que todos los ciudadanos salgan «juntos» de la «crisis sanitaria» generada por el Covid-19.
En este sentido, han recordado que muchas personas migrantes son las que lideran colectivos que, «en su gran mayoría han estado en primera línea durante esta prolongada crisis sanitaria, ejerciendo trabajos esenciales para proveer en los cuidados, la alimentación y la prestación de servicios».
«Hay muchas compañeras trabajadoras de hogar sin papeles que no van a poder acceder a ninguna medida social y de protección tras haber sido despedidas por estar en situación irregular», ha explicado la portavoz de ‘Regularización Ya’, Edith Espinola, quien ha denunciado que se ha «dejado a atrás» a estas personas pese a que sus labores han sido declaradas en pandemia como «imprescindibles».
La entidad critica que el Congreso rechazada una proposición no de ley sobre este mismo tema, que ellos impulsaron, por «la falta de voluntad política mostrada por algunos partidos» y quiere cambiar esta situación con «una nueva estrategia política» que «involucre a la ciudadanía» a través de la ILP.
Según han explicado, el texto de esta iniciativa argumenta la necesidad de la regularización por una cuestión de acceso a derechos fundamentales, ya que la irregularidad supone estar en una condición de vulneración permanente, y la pérdida de un gran aporte económico y fiscal, pero también de una riqueza cualitativa, para el conjunto de la sociedad «ya que la irregularidad impide contribuir dignamente con capacidades que son esenciales para el sostenimiento de la sociedad y de la vida, entre otros».
Para que la ILP de regularización pueda ser debatida en el Congreso, han recordado las entidades, debe presentar al menos 500.000 firmas válidas de personas mayores de 18 años y con DNI español en los próximos siete meses.
