El Congreso de los Diputados ha aprobado, con el apoyo de Unidas Podemos y la abstención del PSOE, parte de una moción consecuencia de interpelación urgente por la que se insta al Gobierno a tomar algunas medidas para mejorar la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), como que la gestión de esta ayuda no sea solo telemática.
En concreto, el Pleno del Congreso ha aprobado cuatro puntos de los nueve que contenía la moción, presentada por Coalición Canaria, y en los cuatro, los dos partidos del Gobierno de coalición han emitido un voto diferente: Unidas Podemos ha votado a favor y PSOE se ha abstenido.
El primero de estos puntos pide al Gobierno que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comunique a todos los solicitantes a los que se les denegó el IMV por razones que fueron posteriormente salvadas en las tres modificaciones que se produjeron, que ya pueden acceder a dicha prestación. Este punto ha sido aprobado con el voto a favor de Unidas Podemos, VOX y PP, el voto en contra de ERC, y la abstención del PSOE.
Con estos mismos apoyos ha salido adelante el segundo punto de la moción, que demanda que no se vuelva a exigir a estos solicitantes presentar toda la documentación que ya registraron en su momento.
Mientras, el tercer punto, referido a aprobar la concesión de oficio y comunicar a los beneficiarios en aquellos casos en los que aplicación automática de la nueva norma quede acreditado su derecho a percibirlo, ha sido aprobado con el voto a favor de Unidas Podemos, VOX y PP, y la abstención de PSOE y ERC.
El cuarto punto, que insta al Ejecutivo a que la gestión telemática del IMV sea «una alternativa pero no una imposición» y se pueda dar la cita presencial a todas las personas que lo necesiten, ha salido adelante con el voto a favor de PP, VOX, Unidas Podemos, y la abstención del PSOE.
NO ESTÁ LLEGANDO A QUIEN LO NECESITA
En el debate de la moción, que tuvo lugar el pasado martes, los grupos parlamentarios reprocharon al Gobierno que el Ingreso Mínimo Vital «no está llegando» a todas las personas que lo necesitan tras dos años de implementación, mientras el PSOE y Unidas Podemos defendieron el despliegue de la prestación que llega a casi 400.000 hogares y cerca de un millón de personas.
La diputada de Coalición Canaria Ana María Oramas indicó que con su moción lo que pretenden es que el IMV llegue a más personas a través de medidas como que la gestión telemática de esta prestación sea «una alternativa pero no una imposición» o que a cada persona que se denegó la ayuda se le envíe una carta explicando que la situación ha cambiado y ahora sí le corresponde.
«No hay un lobby de la gente que tiene el IMV. Lo único de lo que se trata de que a esos dos millones de personas que preveía el Gobierno, les llegue un derecho que tienen por ley», subrayó Oramas.
En la defensa de las enmiendas, que no fueron aceptadas por Coalición Canaria, la diputada del PP María Teresa Angulo opinó que el IMV es «un ejemplo de la mala gestión» del Gobierno, «un fracaso» porque «solo» ha llegado a «un tercio» de los 2,3 millones de españoles «prometidos» por el Ministerio de Inclusión. Además, acusó al Ejecutivo de «frivolidad» al utilizar el «eslogan ‘no dejar a nadie atrás'» y le ha advertido de que «ninguna docuserie va a solucionar la situación de pobreza de los españoles».
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez reprochó al Gobierno su «hermetismo» a la hora de adaptarse a las diferentes situaciones de los posibles beneficiarios del IMV y calificó de «incompresibles» situaciones como que esta ayuda no llegue a jóvenes independizados de 18 a 22 años en situación de pobreza o que la «burocracia» impida que la prestación llegue a los más vulnerables.
Mientras, desde el PSOE, la diputada Carmen Baños se defendió asegurando que el IMV es «una política compleja» y que se ha hecho «un importante esfuerzo» para su despliegue. En concreto, desgranó que tienen a casi «un millón de personas protegidas del riesgo exclusión social y casi 400.000 hogares» a los que llega la ayuda.
También desde Unidas Podemos, la diputada Pilar Garrido defendió el IMV como uno de los «principales avances» realizados y, aunque admitió que la puesta en marcha «requería tiempo y hacía falta observar ineficiencias y obstáculos», aseguró que se ha hecho un «importante esfuerzo de revisión» introduciéndose diferentes cambios en la norma.
Mientras tanto, la diputada de VOX Inés María Cañizares criticó que el Gobierno «ha dejado de ejecutar 1.000 millones de euros» de los presupuestados para el IMV al tiempo que destina «21.000 millones para políticas feministas».
Desde Esquerra Republicana, la diputada Norma Pujol i Farré afeó que el Gobierno «salga a defender» que el despliegue del IMV ha ido «como la seda» porque está «muy lejos de cumplir expectativas» y reclamó su gestión desde la Generalitat de Cataluña.
Por el BNG, Rego Candamil lamentó que «tres de cada cuatro solicitudes se siguen rechazado»; Joan Baldoví, de Compromís, pidió que se facilite la tramitación «para que llegue a más gente» y que se permita a las comunidades autónomas gestionarlo; y el diputado del PDeCat Genís Boadella criticó las «fallidas peticiones de cita previa» para tramitar esta ayuda.
Al mismo tiempo, el diputado de EH Bildu Oskar Matute valoró que el IMV «ni se ha desplegado como debiera ni es accesible para quien lo precisaba» y dijo que, con esto, no quiere «herir ni recriminar» al Gobierno sino «constatar la evidencia». También apuntó que la cuantía de la prestación debería actualizarse ante la subida de precios.
