La semana pasada Nicolás Maduro lo anunció como si de una gran hazaña se tratase: todos los pensionados y jubilados de Venezuela, que hayan adquirido esta condición desde el 1 de enero de 2018 en adelante, recibieron un bono de 10.000 bolívares (2,1 euros), mientras que los que están fuera del país no han recibido ni un solo céntimo desde diciembre 2015.
Esta es una lucha que durante más de seis años han mantenido los jubilados y pensionados venezolanos que se encuentran en España y en todos los países a los que han tenido que emigrar, quienes acusan al régimen de Nicolás Maduro de violar sus derechos y de incumplir convenios internacionales que garantizan el cobro de las pensiones. Aseguran que muchos de ellos fueron contribuyentes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por más de 25 años y que ahora, que han tenido que salir del país, a consecuencia de la crisis política ocasionada por el chavismo, han quedado en el exterior sin tener a quien recurrir y sin ninguna respuesta, pues denuncian que son absolutamente ignorados cada vez que deciden protestar.
En España son aproximadamente 15.000 pensionados los que esperan que algún día las autoridades venezolanas se dignen a honrar los compromisos adquiridos, pues en su mayoría se trata de personas de más de 60 años, que trabajaron durante toda su vida en Venezuela y que ahora deben recurrir a la ayuda que brindan organizaciones caritativas que los apoyan con recursos.
«Estamos en pie de lucha, haciendo manifestaciones. El mes pasado enviamos un documento con una serie de peticiones a la presidenta del IVSS, pero como siempre, no nos dan ninguna respuesta», expresó Patricia Torres, presidenta de la Asociación de Pensionados y Jubilados en la Comunidad de Madrid.
La última vez que recibieron un pago fue en diciembre de 2015, para ese momento el cálculo se hacía con base en la tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela, era de 198,6 bolívares por dólar, y los pensionados en el exterior cobraban un aproximado de 1200 euros. A esta fecha no tienen calculado a cuánto ascendería el monto de la deuda del Estado venezolano, pero lo que sí tienen claro es que no cuentan con el apoyo de ninguna autoridad que los ayude a reclamar sus derechos, ni con respuestas de las autoridades venezolanas.
Los índices inflacionarios del país suramericano, sumado al control de cambio ha hecho que los salarios y pensiones venezolanas se deprecien al punto que el anuncio de Maduro de pagar un bono de 10.000 bolívares suena a burla, sobre todo cuando se hace la conversión de la moneda venezolana a divisas; es irrisorio, pero el colmo es que los que se encuentran fuera del país suramericano no reciben ni siquiera esos dos euros que ofreció el mandatario venezolano.
«Ese anuncio -del pago del bono- nos provocó risas, es una burla, un irrespeto, por eso es que volveremos a manifestar el próximo 29 de mayo, porque no es posible que el régimen de Nicolás Maduro se burle de esta manera de los adultos mayores y además discrimen, porque el bono entonces se lo ofrecen solo a pensionados de 2018 en adelante», expresó Torres.
La situación con los pensionistas que están fuera del país es, además de irregular, sospechosa, pues todas estas personas aparecen activos dentro del sistema de pensiones venezolanas, pero no perciben ningún pago ni dentro ni fuera del país; es decir, a pesar de haber cumplido con las cotizaciones de ley, durante todos los años que trabajaron en su país, el Estado venezolano simplemente los ignora.
«Es un deuda muy grande que mantiene el gobierno de Venezuela, porque simplemente nos excluyeron. No nos pagan ni aquí ni allá y nadie dice nada. A nivel de sistema estamos activos, como si estuviésemos cobrando, pero no hay pago por ninguna parte y nadie responde», dijo la vocera.
Torres señaló que se encuentran en una especie de limbo, porque ni siquiera en la embajada ni en el consulado de Venezuela en España reciben atención por parte de los funcionarios. La situación es exactamente igual con quienes representan al gobierno interino de Juan Guaidó en este país, que tampoco han apoyado la causa de los pensionistas.
En el caso de Madrid y otras provincias de España donde han logrado organizarse, realizan jornadas de entrega de alimentos para los adultos mayores, con el propósito de ayudarlos, pues muchos no cuentan con los recursos básicos para poder subsistir en este país.
