El Parlament catalán ha aprobado este jueves instar al Govern a «congelar todas las relaciones institucionales» con el Ejecutivo central hasta que se aclare el espionaje a personas vinculadas con el independentismo catalán, el denominado ‘CatalanGate’.
Este punto de una moción impulsada por Junts en el pleno del Parlament ha salido adelante con los votos a favor de dicha formación, ERC y la CUP y el rechazo de PSC-Units, comuns, Cs, Vox y PP.
También ha prosperado la petición al Govern de reclamar explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como también la exigencia de que se cree una comisión de investigación en el Congreso y que se asuman responsabilidades políticas.
La moción también condena el espionaje al independentismo y defiende iniciar una investigación «exhaustiva y efectiva a todos los niveles», en la que la Fiscalía actúe de urgencia y la abogacía del Estado investigue el daño patrimonial perpetrado, y que se proceda al levantamiento del secreto de todos los documentos y contratos relacionados con el programa Pegasus.
«No hay manta suficientemente grande para tapar este escándalo», ha proclamado el diputado de Junts Josep Rius, que ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya dado explicaciones al respecto y que los socialistas hayan votado en contra de impulsar una comisión de investigación en el Congreso.
Desde ERC, el diputado Ernest Maragall cree que lo ocurrido evidencia el pulso que hay «entre el autoritarismo del Estado frente a la convicción democrática mayoritaria» de la sociedad catalana, y por ello ha exigido rectificación, reparación, garantías de no repetición y rendimiento de cuentas de los responsables del espionaje.
«Congelar relaciones sí, pero no sólo por Pegasus, también por el resto de la represión y la negativa del Estado a resolver democráticamente este conflicto», ha afirmado el diputado de la CUP Carles Riera, que ha pedido a ERC y al Govern que no utilicen los derechos fundamentales como moneda de cambio en ningún diálogo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Desde el PSC, el diputado Jordi Terrades ha reprochado los contactos del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con un emisario ruso, y ha defendido que el Gobierno cumple con la legalidad y que todas las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) son en base a derecho y con autorización judicial: «Si alguien ha actuado al margen del estado de derecho que pague las consecuencias, del CNI o de quién sea».
COMUNS: «NO SE PUEDE DETENER EL DIÁLOGO»
David Cid (comuns) ha sostenido que pedir explicaciones y responsabilidades sobre el espionaje no es incompatible con defender el diálogo, por lo que ha rechazado tener que congelar las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno por Pegasus: «No se puede detener el diálogo», y ha acusado a Junts de plantearlo para desgastar a ERC y les ha preguntado por qué mantienen acuerdos con el PSC, como el de la Diputación de Barcelona, si quieren congelar las relaciones.
Por parte de Cs, el diputado Nacho Martín Blanco ha calificado de «fake news» el caso de espionaje a líderes independentistas y ha defendido que lo importante es conocer la relación entre el entorno Puigdemont y el Gobierno de Rusia.
La diputada del PP Lorena Roldán, que ha calificado lo ocurrido como «bulogate», también ha reprochado los contactos de Puigdemont con un emisario ruso, ha asegurado que lo que ha habido una investigación legítima amparada judicialmente y ha cuestionado que los independentistas pidan congelar relaciones con el Gobierno mientras Junts gobierna con el PSC en la Diputación de Barcelona.
«Tras amenazar a diario con romper la democracia y la convivencia, tanto les sorprende que el Estado se intente defender? ¿Chulean de que lo volverán a hacer y luego se hacen los ofendiditos? Son una amenaza para España», ha asegurado el diputado de Vox Antonio Gallego, cuya intervención ha provocado el enojo del vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, que ha salido del hemiciclo, y un breve rifirrafe con la presidenta del Parlament, Laura Borràs.
