PSOE y Podemos han acordado establecer la obligatoriedad de la elaboración de atestado policial y su remisión a la autoridad judicial en los accidentes viales con resultado de lesión o muerte, de modo que el juez «siempre disponga del mismo para la valoración de la posible comisión de los delitos de lesiones u homicidio por imprudencia menos grave derivados de infracción grave de tráfico».
Así lo han pactado en una enmienda de adición a la proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, del Grupo Parlamentario Socialista.
Para ello, ambas formaciones proponen una nueva disposición final, que sería la primera y que modifica el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
El apartado 1 del artículo 85 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, establecerá que «cuando en un procedimiento sancionador se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca indicios de delito perseguible de oficio, la autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si procede el ejercicio de la acción penal, y acordará la suspensión de las actuaciones».
En todo caso, cuando se produzca un accidente de tráfico con resultado de lesión o muerte, la autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial, acompañando la comunicación del oportuno atestado», añade el citado artículo.
Por otra parte, en otra enmienda firmada por ambos grupos modifican el código penal en su artículo 152.2 para establecer una horquilla de penas (uno a dos meses) para las lesiones que se producen por imprudencia grave o menos grave, y «no una pena fija sin margen de gradación». Previamente, los socialistas abogaban por una pena de multa de un mes.
También proponen establecer como delito público el homicidio derivado de imprudencia menos grave cuando se cometa con vehículo a motor o ciclomotor a través de la modificación del artículo 142.
El Congreso de los Diputados está tramitando esta reforma del Código Penal con el objetivo de evitar que se archiven casos de imprudencias al volante que produzcan «lesiones relevantes» o la «muerte» en una infracción que esté catalogada como grave en la Ley de Seguridad Vial.
