No va a poner problemas. El médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife «no ve impedimentos» para que el ex juez Salvador Alba ingrese en prisión. Todo ello después de que él mismo alegara que el tratamiento de sus actuales patologías eran incompatibles con su ingreso en prisión.
Todo ello después de que el dictamen de la médico forense que ha reconocido a Salvador Alba, tras recusar el mismo a la primera perito judicial que le examinó en la provincia de Las Palmas, concluye que sus patologías «no impiden que el hoy ex magistrado pueda ingresar en un centro penitenciario», según han informado fuentes judiciales.
Así, tras describir los procesos patológicos que presenta el informado, el dictamen forense concluye que estos «pueden ser resueltos o controlados con el tratamiento médico adecuado, no revistiendo riesgo vital en el momento actual ni condicionando limitaciones significativas en la autonomía personal del condenado».
A juicio de los profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife «no se objetivan contraindicaciones que impidan al informado llevar a cabo su tratamiento en un centro penitenciario donde, además, se podrá realizar un control y supervisión estrechos de dicho tratamiento y del estado clínico del condenado por parte del propio personal médico y sanitario del centro, sin perjuicio de la necesidad de trasladar al interno eventual o periódicamente para su valoración por especialistas en centros sanitarios externos».
Asimismo el peritaje elaborado por los médicos de la administración pública sobre Alba Mesa recoge que «no» se objetivan enfermedades «graves y con padecimientos incurables que contraindiquen» el ingreso del ex juez en un centro penitenciario.
Por su parte, la Sala de lo Penal del TSJC, que este jueves ha recibido el informe del IML de Tenerife, ha dado traslado «de inmediato» del mismo al fiscal, así como a las partes personadas en la ejecutoria de la condena a Alba Mesa, otorgándoles un plazo de tres días para que informen sobre la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad solicitada por el ex juez en cuanto a la condena a seis años y seis meses de prisión y 18 de inhabilitación impuesta por la Sala de lo Penal del TSJC el 10 de septiembre de 2019, confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 17 de noviembre de noviembre de 2021 como autor de delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental.
