Es una de las frases más repetidas por la FiscalĂa de Valencia: «Se realizĂł una investigaciĂłn superficial, interna, en la que se percibe indiciariamente una lĂnea de ocultamiento de los hechos». Es una frase extraĂda del escrito que ha remitido a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En Ă©l se estima que este Ăłrgano es competente para instruir el caso del presunto encubrimiento de los abusos sexuales por parte del exmarido de la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consejera de Igualdad, MĂłnica Oltra, a una menor tutelada.
En el texto, de 71 páginas, FiscalĂa desgrana por periodos de tiempo cĂłmo ocurrieron los hechos y concluye que los mismos podrĂan ser constitutivos de prevaricaciĂłn; abandono de menores; y omisiĂłn del deber de perseguir delitos.
Tras su análisis, el ministerio pĂşblico subraya: «A la luz de las actuaciones podrĂa alegarse que algĂşn funcionario, tĂ©cnico, psicĂłlogo, etc, se equivocĂł, pero Âżtodos?; Âżtodos se equivocaron?. Se deduce, a nivel indiciario, la existencia de una directriz de actuaciĂłn por parte de todos –autoridades, funcionarios y personas intervinientes– de disminuir la importancia y ocultar los abusos».
La FiscalĂa, preguntada por cuál podrĂa ser la finalidad de todo ello, se responde: «El beneficiario directo era Luis Eduardo, exmarido de Oltra, superior jerárquica de los funcionarios intervinientes y beneficiaria tambiĂ©n, de esa manera de proceder, en cuanto le beneficiaba a su marido ocultando los abusos y a ella en cuanto era un medio idĂłneo para eludir las posibles responsabilidades polĂticas y/o penales».
AsĂ –continĂşa–, «se deduce una voluntad de que, al haberse iniciado un procedimiento judicial y salir los hechos de la Ăłrbita interna de la ConsellerĂa –dĂłnde ya no podĂan ‘controlarse’– se optĂł por abrir un expediente para desacreditar a la menor y exculpar a la ConsellerĂa de Igualdad, beneficiando de esta manera al autor material de los hechos, a Oltra y a todos los intervinientes»
Y se ha vuelto a preguntar: «Si tanto interĂ©s se tenĂa en ‘esclarecer los hechos’ Âżpor quĂ© no se denunciaron ante la PolicĂa, FiscalĂa y AdministraciĂłn de Justicia? ÂżPor quĂ© todos los intervinientes –salvo al principio Escriche (trabajadora social)– negaron credibilidad a la menor? ÂżTodos se equivocaron? Es difĂcilmente creĂble», apostilla.
ACTUACIÓN «INCOMPRENSIBLE»
La FiscalĂa describe cĂłmo la menor refiriĂł los abusos, el 13 de febrero de 2017, a una trabajadora social y, de ahĂ, se trasladĂł hasta a cinco personas más sin que se denunciaran los hechos: «Tenemos, pues, una actuaciĂłn incompatible e incomprensible con la gravedad de los hechos», afirma.
En esta lĂnea, agrega: «La Generalitat Valenciana tiene la tutela de menor, se comunica por la misma que está sufriendo unos abusos sexuales, y no durante poco tiempo, por parte de un educador en un Centro de Acogida y no sĂłlo no se denuncian los hechos, sino que tampoco se ponen en conocimiento de la PolicĂa, ni de la FiscalĂa de Menores ni de la AdministraciĂłn de Justicia». Además, al ministerio pĂşblico le resulta «curioso» que en las anotaciones y textos en los que se hace referencia al educador no se hace constancia de los apellidos, Ăşnicamente se indica: «Luis R.»
Los hechos no trascendieron hasta pasados cuatro meses, cuando la menor los pudo relatar a agentes de PolicĂa. «Hasta entonces nada supieron ni la PolicĂa, ni la FiscalĂa de Menores, ni la AdministraciĂłn de Justicia. A la vista de todo lo hasta ahora expuesto, a nuestro entender, es preciso e ineludible cuestionar si hubo una voluntad real de esclarecer estos abusos», reitera FiscalĂa.
«Estos comportamientos evidencian indicios, de una intensidad bastante, que dejan entrever de nuevo la escasa, desidiosa o nula voluntad de proceder al esclarecimiento de los hechos», insiste. Sobre el expediente que se abriĂł en Conselleria el 8 de agosto de 2017, cuando ya se estaban investigando los hechos en FiscalĂa, el ministerio pĂşblico se detiene en el escrito que mandĂł la directora territorial de la Conselleria en el que solicita que «aperturen expediente informativo a fin de constatar, en su caso, la veracidad de los hechos».
FiscalĂa ve «especialmente significativo» la finalidad del expediente: «Existe un evidente indicio de que la finalidad del expediente no fue esclarecer los posibles errores en que pudieran haber incurrido las personas que ejercĂan funciones pĂşblicas relacionadas con la tutela de la menor, sino la de esclarecer la credibilidad del testimonio de la menor, todo ello cuando ya estaban los hechos siendo investigados en vĂa judicial desde el 28 de julio de 2017», afirma.
AsĂ, a su juicio, «carece de sentido tal expediente, máxime cuando ya habĂan pasado casi seis meses de la manifestaciĂłn de la menor sobre los abusos y se seguĂan diligencias en el juzgado sobre esos hechos. Visto el desarrollo y contenido del expediente, a nivel indiciario, más bien parece que se incoĂł con objeto de liberar de responsabilidades a la Generalitat Valenciana y a las personas y organismos que ejercĂan o intervenĂan en la tutela de la menor», considera.
«Curiosamente –asevera–, el expediente se concluyĂł considerando la instructora que el testimonio de la adolescente no era creĂble. Las dos sentencias de la Audiencia Provincial y las dos sentencias dadas por el TSJCV consideraron todo lo contrario, hasta tal punto que condenaron en las tres ocasiones a Luis RamĂrez», recuerda.