A raíz de la Directiva Europea 209/1937, el Gobierno anunció el pasado marzo un Anteproyecto de Ley para proteger a los denunciantes de irregularidades y delitos en su entorno laboral, que afecta tanto a los organismos públicos como a las empresas privadas.
La futura ley castigará las represalias contra los informantes, también conocidos como whistleblowers, con multas que pueden alcanzar el millón de euros. El texto del Anteproyecto también obliga a las compañías de más de 50 empleados a instaurar canales de denuncia internos que garanticen el anonimato de los denunciantes y la confidencialidad de las informaciones recibidas. Las empresas tendrán tres meses para investigar los hechos y emprender las acciones disciplinarias o legales correspondientes.
Más allá de la corrupción
Aunque en general se asocia la Directiva Whistleblowing con la lucha contra la corrupción, las irregularidades que los empleados pueden denunciar son de diverso índole.
Tania Herrera, asesora de la compañía de software empresarial Inology, nos aclara que “con la futura ley whistleblower se podrá denunciar cualquier hecho que el informante considere que es ilícito y pueda ser constitutivo de una infracción administrativa o delito penal. Además de corrupción o fraude fiscal, también se podrá informar sobre situaciones de acoso o discriminación en el lugar de trabajo, o temas relacionados con el medioambiente o de protección a los consumidores, entre otros”.
Cuando avisen sobre alguna de estas irregularidades, los whistleblowers estarán protegidos legalmente frente a demandas por revelación de secretos o por incumplir las cláusulas de confidencialidad en sus contratos.
Además, el canal de denuncias debe estar disponible no solo para los empleados, sino también para el resto de sujetos relacionados laboralmente con la organización, como proveedores, clientes o participantes en procesos de selección de personal.
¿Cómo afectará el canal de denuncias a las relaciones laborales?
El principal objetivo de la normativa es que los empleados pierdan el miedo a represalias si deciden denunciar actuaciones ilícitas o algún tipo de acoso o discriminación en el trabajo. La ley insiste en que los canales internos deben estar diseñados para garantizar la identidad de los denunciantes, y prohíbe cualquier tipo de represalia contra ellos, incluyendo la intimidación, amenazas, trato desfavorable y el despido.
No obstante, las empresas también deberán proteger la identidad de las personas denunciadas durante la investigación interna. Con ello se pretende preservar la presunción de inocencia de los acusados y evitar que se retuerza el espíritu de la ley para la consecución de fines o venganzas personales. En definitiva, la confidencialidad de las comunicaciones durante todo el proceso debe prevenir el estigma que podría pesar sobre los investigados, aunque finalmente se probara su inocencia.
Mediante la metodología de denuncias que propone el Anteproyecto de Ley, los departamentos de Recursos Humanos poseerán una nueva herramienta para gestionar las relaciones laborales y resolver los conflictos en el seno de la empresa, con garantías para todas las partes afectadas.
El Anteproyecto fomenta asimismo la responsabilidad social conjunta de todos los miembros de una organización. Cuando la ley española entre en vigor, los empleados podrán informar de forma segura sobre las prácticas irregulares que afectan al resto de la sociedad: por ejemplo, los daños al entorno natural que pueda estar ocasionando una fábrica con vertidos no autorizados o el incumplimiento de las normativas sanitarias de productos y servicios.
Finalmente, disponer de un canal de denuncias interno puede contribuir a incrementar la transparencia en la empresa y a mejorar su Employer Branding y reputación corporativa. En numerosas ocasiones se confunde la lealtad hacia la propia organización con la aceptación de cualquier práctica empresarial, incluso las de carácter ilícito. Sin embargo, en la nueva cultura corporativa que algunas compañías están empezando a adoptar, el sentido de pertenencia de los empleados pasa por el trabajo conjunto de todo el equipo para lograr que la responsabilidad social forme parte de la misión de la empresa.
