La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado al juez de la Audiencia Nacional encargado del ‘caso Pegasus’ que realizará su declaración como testigo por escrito, siguiendo así la dinámica utilizada previamente por su compañero de gabinete, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ya ha recibido la respuesta por parte de Robles, aunque todavía espera a que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, especifique si declarará de manera presencial en el propio juzgado, mediante videoconferencia o por escrito acogiéndose al privilegio procesal establecido a favor de los integrantes del Gobierno.
En el marco de la causa, el magistrado decidirá si plantea una serie de repreguntas al ministro Bolaños —siempre por escrito— una vez haya tomado declaración tanto a Robles como a Marlaska.
Fue esta misma semana cuando el juez instructor solicitó a Robles y Marlaska que le comunicasen de qué forma querían declarar en el seno de esta causa, en la que indaga en el supuesto espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Defensa e Interior, con el programa Pegasus a través de sus teléfonos móviles.
En ese mismo auto, Calama explicaba que el Consejo de Ministros acordó no desclasificar ningún acto, documento o información alguna. «En relación a los hechos investigados, los Informes realizados por el CNI no contienen elemento alguno que se encuentre clasificado ni como secreto ni como reservado, pues se trata de documentos cuyo contenido no compromete la seguridad del Estado, ni las fuentes, medios y procedimientos del Centro Nacional de Inteligencia«, explicaba el acuerdo del Consejo.
PROBLEMAS TÉCNICOS
Las mismas fuentes consultadas por esta agencia de noticias explican que el hecho de que los investigadores solo hayan podido certificar la cantidad total de datos robados de los dispositivos móviles pero no el contenido concreto de los mismos podría diluir la causa.
Por el momento, los investigadores tratan de solventar ese problema técnico para dilucidar si el contenido de los teléfonos que fue sustraído se corresponde con información que afecte a los intereses del Estado.
El volumen de datos que sustrajeron del espionaje al teléfono de la ministra fue de 9 megas, el menor de la tres intrusiones. Y es que, según detalló el Ejecutivo, el programa de ciberespionaje accedió a 2,6 gigas y 130 megas del móvil de Sánchez y a más de 6 gigas de información del móvil del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La propia Robles, en una entrevista concedida a Europa Press, explicó que los informes técnicos que ha llevado a cabo el Centro Criptológico Nacional hasta la fecha revelan que es «imposible» saber cuáles han sido los datos que se llevaron de los terminales de miembros del Gobierno y que no tiene «ni idea» de lo que se llevaron del suyo.
A LA ESPERA DE ISRAEL
Otra de las razones que podrían descafeinar la causa es la no respuesta de Israel a la comisión rogatoria emitida el pasado 5 de mayo por la que el juez requería a la empresa NSO GROUP, propietaria del software Pegasus, para que emitiese un informe sobre diversos aspectos «esenciales» para la investigación de los hechos.
El magistrado, además, amplió esa solicitud para conseguir autorización de las autoridades judiciales de aquel país para el desplazamiento desde España de una comisión judicial a Israel para tomar declaración testifical acerca de los hechos expresados en la comisión rogatoria inicialmente emitida. Sin embargo, la misma se encuentra todavía sin respuesta.
EL ORIGEN DE LA CAUSA
El juez de la AN empezó a investigar el pasado 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue luego ampliada al confirmarse también la intrusión en el teléfono de Grande-Marlaska.
En una primera resolución, Calama dio detalles sobre la denuncia que había presentado la Abogacía del Estado, según la cual, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el CERT el pasado 30 de abril, se tuvo «conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, ‘software’ espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021«.
Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que «el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)», mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.
En sendos casos, los informes fijaban que «se produjo filtración de información«, pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta «indicadores conocidos de infección en curso».
La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo de 2021 que, precisamente, llevó al jefe del Ejecutivo a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.
