La Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán en Cumbre Vieja 2021 ha expresado su «decepción» e «indignación» por la forma en que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha tramitado y «dado carpetazo» a la investigación sobre la gestión de la emergencia volcánica de La Palma, al concluir que las Administraciones públicas han dado una respuesta «adecuada» y en «tiempo razonables» a los miles de damnificados por esta catástrofe.
Este colectivo, que representa a cientos de familias afectadas, sostiene que las conclusiones de Gabilondo, las cuales conocieron por la prensa antes de poder leer la notificación oficial, «distorsionan la realidad» de la gestión pública de este desastre natural y «dan oxígeno a la versión edulcorada que desde un principio quieren construir las Administraciones públicas, en lugar de fiscalizar una gestión que tiene muchas sombras».
Para la Plataforma, «el Defensor del Pueblo obvia graves fallos como la explosión del volcán sin antes haber evacuado de forma preventiva a la población, pese a los evidentísimos indicadores geológicos de la inminencia de la erupción; pasa por alto la enorme tardanza en la entrega de contenedores o casetas prefabricadas como viviendas provisionales; decide ignorar la falta de información de los afectados durante y después de la erupción sobre la situación y el futuro de sus parcelas; nada dice de la ejecución de carísimas infraestructuras por vía de emergencia sin la suficiente justificación; y da por buenas las cifras de tramitación de expedientes sin analizar el porcentaje de resueltos hoy día».
Según la Plataforma, Gabilondo «reduce a meras recomendaciones lo que precisamente debió haber señalado como graves deficiencias significativas en la gestión política de la emergencia«, como es el retraso en la entrega de ayudas a quienes perdieron su única vivienda y todos sus enseres; la falta de iniciativas para reformar determinadas leyes para adaptarlas a catástrofes tan destructivas como esta (y permitir que los afectados puedan rehacer sus vidas con ayudas suficientes) y la demora de una nueva planificación del territorio cubierto de lava, la cual, para este colectivo, se ha hecho sin buscar una amplia y realmente informada participación de los afectados, que áun hoy ignoran cómo afectará a sus propiedades bajo la lava la ordenación territorial que el Gobierno canario prepara.
Dicho esto, la Plataforma sostiene que Gabilondo «no ha realizado una investigación independiente de lo ocurrido ni ha guardado unas debidas formas de imparcialidad», pues «ya en junio permitió que la presentación del informe requerido a las Administraciones públicas se convirtiera en un espectáculo en Madrid en la sede de su institución, con rueda de prensa incluida de los respectivos presidentes del Gobierno canario y del Cabildo y del ministro Bolaños».
«Desde el primer momento –apunta este colectivo ciudadano–, el Defensor del Pueblo ha hecho valoraciones elogiando la coordinación y cooperación de las Administraciones públicas, en lugar de abstenerse de hacer juicios de valor mientras investigaba todo este asunto». En su visita a La Palma, en octubre, se reunió primero con las autoridades políticas y después con las asociaciones de afectados, que le hicieron llegar diversos informes con quejas y que posteriormente han recogido miles de firmas para hacérselas llegar sobre deficiencias en la gestión de la emergencia, las cuales, como ha podido comprobarse, «caen en saco roto».
La Plataforma admite que en su visita a La Palma, dio un voto de confianza al Defensor del Pueblo, pues parecía empatizar con el sufrimiento y las demandas de la población damnificada, pero «se ha limitado a copiar las macrocifras estadísticas que le dan las Administraciones públicas, por las que parece haber quedado deslumbrado, y a lanzar un balón de oxígeno a los gobernantes y, lo que es peor, a contribuir a que la opinión pública tenga la falsa impresión de la catástrofe se está superando y disculpe los evidentes errores de gestión dándolos por inevitables».
Para la Plataforma, Gabilondo «parece estar más del lado de quienes dirigen las instituciones públicas que del pueblo afectado», una actitud que «desgraciadamente se traduce en que el Defensor del Pueblo nos deja desamparados y abocados a la vía judicial para defender nuestros derechos».
