Plantea que unificar la personación de los partidos.
La juez del ‘caso Mediador’, Ángela Lorenzo-Cáceres, ha rechazado la petición de los partidos políticos PP, PSOE y Vox, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y de la Organización de Usuarios y Consumidores de Agua (Aguaiuris) de ejercer la acusación por separado y mantiene su criterio, con el respaldo de la Fiscalía, de unificarles en una única acusación popular para evitar la «hipertrofia acusatoria».
Así lo señala en un auto, en el que apunta que la pretensión debe ser desestimada porque «cualquier decisión en contrario entraría en colisión con el derecho a la tutela judicial efectiva y el reconocimiento al derecho a formar parte del proceso de las acusaciones populares consagrado constitucionalmente».
En único fundamento, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife indica que la jurisprudencia ha recogido la acusación popular unificada porque «sin duda alguna tiene efectos beneficiosos para la correcta tramitación del proceso en tiempos prudenciales», y da respuesta «a lo que se denomina la hipertrofia acusatoria».
Señala que así se evita «el efecto pernicioso que produce en las causas las personaciones múltiples, con las consecuencias derivadas de esa sobreabundancia, como es la lentitud, complicación innecesaria y ralentización de los procedimientos».
Además, en respuesta a varias de las partes, señala que «no es viable jurídicamente» la omisión del deber de prestar fianza. Y avisa de que hasta que no se fija y se presta «no se han cumplido los requisitos para ser parte, y por lo tanto, la acusación popular no puede intervenir en las diligencias que pudieran practicarse en ese periodo de tiempo».
Así las cosas, la acción popular unificada está conformada por Fuerza Canaria Unida Democrática, Aguaiuris (organización de usuarios y consumidores de aguas), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Vox, PP y PSOE.
Cabe recordar que el Partido Popular (PP) había solicitado no solo ir por libre sino que se inadmitiera la personación del PSOE en la causa porque dado que hay tres de los investigados que «pertenecían o estaban adscritos a ese partido», la investigación puede acabar derivando en que se pida responsabilidad civil al PSOE por los hechos.
El PSOE, por su parte, había solicitado también ejercer en solitario porque, en este caso, «tratándose de organizaciones manifiestamente heterogéneas, que representan valores tan distintos –y en ocasiones contradictorios entre sí– difícilmente podrán coincidir en una unitaria estrategia procesal acusatoria, por no hablar de que atenta directamente a la base de la relación de los abogados con sus clientes, que es la indispensable confianza».
La AUGC también solicitó ejercer la acusación popular de manera individual, sin el PSOE, PP y Vox, al entender que ir bajo la dirección de un mismo letrado no solo era «absurdo» sino además «limitativo del derecho de defensa y de que las partes procesales puedan elegir libremente cómo y qué medios son los que consideran más idóneos para ejercer el derecho fundamental de defensa».
LA TRAMA ‘MEDIADOR’
En este ‘caso Mediador’ se investiga la presunta existencia de una red encabezada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo (alias ‘Tito Berni’), su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte –el mediador– y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa. Se habrían dedicado a cobrar mordidas a cambio de favores políticos.
Según el sumario, la organización criminal estaba «formada principalmente por tres pilares y un claro nexo de unión entre todos los investigados». Contaría con «una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción como el cohecho y tráfico de influencias».
Según los investigadores, el grupo perseguía «un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas».
