Otro año más, las olas de calor se están llevando por delante la vida de las personas que trabajan en el campo. Yolanda Díaz, la actual ministra de Trabajo y de Economía Social y candidata de Sumar, anunció en mayo que el Gobierno iba a prohibir la ejecución de trabajos al aire libre cuando se registraran en el territorio nacional olas de calor de alerta naranja o roja. Con esta medida, el Ejecutivo pretendía «reforzar el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales» y obligar a las empresas a adaptar las condiciones para evitar que los trabajadores se expusieran a altas temperaturas en verano. Sin embargo, esta medida no ha evitado que el calor le quite la vida a dos personas que trabajaban en el campo arando a media mañana.
Yolanda Diaz introdujo esta medida dentro del Consejo de Ministros extraordinario, llevado a cabo en mayo, como consecuencia de la necesidad del Ejecutivo de aprobar el Decreto-Ley para tomar medidas frente a los efectos de la sequia y la guerra de Ucrania. El Gobierno consideró introducir dentro de esta norma una modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para proteger a las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático, ya que, según fuentes consultadas, la anterior legislación «era demasiado genérica» en este ámbito y «no exigía medidas concretas a las empresas».
Con esta norma la ministra de Trabajo quiso depositar así la responsabilidad sobre las empresas en «situaciones de riesgo para la salud de las personas trabajadoras ante situaciones urgentes y extremas que, por desgracia, cada vez son más habituales». Sin embargo, su institución no ha hecho su parte, cuestión que denunció La Unió Llauradora i Ramadera al informar que solo el 5% de las inspecciones de trabajo que se habían llevado a cabo en la Comunidad Valenciana entre el 2015 y el 2022 se realizaron en el sector agrario. De hecho, los propios inspectores laborales han manifestado en varias ocasiones la falta de personal y la dificultad de cubrir el número de solicitudes que, con la llegada de Diaz, han aumento hasta un 23%.
El Real-Decreto no evita la muerte de dos trabajadores agrarios
A pesar de la normativa implementada, la Ley se vuelve «papel mojado» cuando no consigue evitar lo que pretende. Es el caso de esta regla laboral, ya que no ha impedido que la última ola de calor que se vivió en España a finales de junio se llevara por delante la vida de dos trabajadores, uno en Aznalcóllar (Sevilla) y otro en Cinco Casas (Ciudad Real), ambos fallecidos por un supuesto golpe de calor. El primero era un hombre de 47 años, con patologías previas según la Consejería de Salud y Consumo, que estaba trabajando en el campo en la jornada del 24 de junio, cuando Sevilla se encontraba en alerta naranja. El segundo era un agricultor de 46 años que falleció en el hospital de la zona el 26 de junio cuando las temperaturas rondaban los 40 grados.
Ambos trabajadores no cumplieron con la legislación establecida por el Gobierno de Sánchez y el ministerio de Trabajo no cuenta con la capacidad técnica de evitar estos casos. De hecho, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, valoró que esta implicación del ministerio de Yolanda Díaz supone que «el ámbito político intenta interferir en la negociación colectiva», ya que «esto normalmente se regula en el ámbito de las relaciones laborales» y que están de acuerdo, «pero no hace falta» que se lo diga «el poder político o público en vísperas de unas elecciones».
El Defensor del Pueblo pide ‘mano dura’ con las inspecciones, mientras que no hay inspectores
Después de que acontecieran estos dos accidentes, Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, hizo un llamamiento al Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social pidiendo que se intensificaran los controles en este sector para así proteger a las personas expuestas a condiciones ambientales extremas en el ejercicio de su actividad laboral y recuerda que «resulta imprescindible intensificar las actuaciones comprobatorias e inspectoras». Así, Gabilondo se posiciona ante la intervención ejecutiva en el sector a través de inspecciones laborales para «el cumplimiento de la normativa».
Sin embargo, aunque el Defensor del Pueblo se haya posicionado a favor del aumento de inspecciones, la realidad es que el ministerio de Yolanda Díaz no tiene inspectores. El 26 de junio los trabajadores de este sector iniciaron la primera huelga de su categoría y anunciaron un paro indefinido que está marcado por la campaña electoral. Por lo que, por mucho que Gabilondo pida inspecciones laborales y que se legisle para evitar el trabajo durante las olas de calor, la cuestión técnica y de personal le impide a Yolanda Díaz que esto se lleve a cabo.
