La Audiencia Nacional ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que comunique de inmediato cualquier posible coacción de la cúpula del cuerpo durante la investigación del conocido como ‘caso cloacas’. El juez Santiago Pedraz ha remitido un escrito a los agentes en el que les insta a alertarle si se sienten ‘inquietados’ en sus funciones por los máximos responsables de la institución, que figuran como investigados en la causa.
Según el documento judicial al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado rechaza apartar de sus cargos a la directora general, Mercedes González, y al Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, como pedía la acusación popular del PP, pero recuerda a los agentes de la UCO que deben reportar exclusivamente al juzgado y a la Fiscalía Anticorrupción, no a la cadena de mando, para preservar la integridad de las pesquisas.
El blindaje judicial a la UCO
La orden refuerza una instrucción previa dictada cuando la investigación aún estaba bajo secreto de sumario. En aquel momento, Pedraz ya prohibió a la unidad de élite informar a sus superiores jerárquicos sobre los avances, dado que dos de los máximos mandos del Instituto Armado estaban en el punto de mira. Ahora, extiende ese blindaje al exigir que cualquier intento de presión sea puesto en conocimiento directo del instructor.
El escrito, fechado en los últimos días, solicita expresamente a la UCO que comunique ‘si de alguna forma se considera inquietada en sus funciones’, una fórmula que blinda a los investigadores frente a eventuales interferencias de los altos cargos investigados. La medida busca garantizar la independencia de la unidad en una causa que sacude la estructura de mando de la Guardia Civil.
Los antecedentes del ‘caso cloacas’ y la investigación a la cúpula
Las pesquisas del juez Pedraz se centran en la presunta campaña de presión contra los agentes de la UCO orquestada desde la cúpula política de la Guardia Civil en connivencia con las conocidas como ‘cloacas del PSOE’. Según ha trascendido, la trama habría utilizado expedientes y represalias internas para frenar investigaciones sensibles, entre ellas la relacionada con el hermano del presidente del Gobierno.
El pasado 27 de mayo, los agentes de la UCO irrumpieron en la Dirección General del cuerpo para recabar documentación y tomar declaración a dos mandos: el ex jefe de la unidad central, Rafael Yuste, y el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo. Ambos habrían testificado que en una reunión mantenida el 12 de julio, el DAO les ordenó adoptar un perfil bajo y no ser ‘proactivos’ en casos de ‘afectación política’, según detalla el citado medio. En ese mismo encuentro, el entonces director general, Leonardo Marcos, habría calificado de ‘totalmente prospectivo y malintencionado’ el informe elaborado por la UCO sobre el hermano de Pedro Sánchez.
La investigación judicial no debe empañar la labor diaria de una institución que, solo en el último año, ha intervenido más de 15 toneladas de cocaína y detenido a cientos de criminales.
El Contexto Operativo
Más allá de las diligencias que afectan a la cúpula, la Guardia Civil mantiene plenamente operativas todas sus capacidades. Los datos del Ministerio del Interior correspondientes a 2025 reflejan que el Instituto Armado detuvo a 4.200 personas en operaciones contra el narcotráfico, desarticuló 127 organizaciones criminales e incautó 15,8 toneladas de cocaína, cifras que consolidan el rol esencial del cuerpo en la lucha contra el crimen organizado. La propia UCO, a pesar de la investigación interna, ha sido clave en dispositivos transnacionales con detenciones en varios países y en la desarticulación de redes de blanqueo de capitales.
La profesionalidad y la capacidad operativa de las unidades de la Guardia Civil no dependen de episodios puntuales de investigación judicial. De hecho, la institución ha demostrado, año tras año, su compromiso con la seguridad ciudadana y su capacidad para corregir internamente cualquier desviación. La solicitud del juez Pedraz no hace sino reforzar los mecanismos de control y transparencia en un cuerpo que, según los balances del departamento que dirige el ministro del Interior, mantiene una tasa de actuaciones judiciales recurridas inferior al 2%, lo que acredita el rigor con el que actúa la inmensa mayoría de sus agentes.
