Pilar Llop cree haber encontrado la solución para reducir los tiempos de la justicia española. La ministra de Justicia ha considerado necesario que, para conseguir lo que llama «la justicia del siglo XXI», hay que robotizar los procesos administrativos y poner a bots a hacer el trabajo que hacen los funcionarios. En lugar de optar por aumentar las plantillas o de mejorar los procesos, Llop ha financiado con Fondos Europeos la automatización de tareas a través de la Inteligencia Artificial, poniendo todo su esfuerzo en este proyecto y siendo este propósito la «joya de la corona» de su estancia en el Ministerio de Justicia y una de las pocas medidas que ha llevado a cabo desde que el sillón ministerial.
La administración de Pilar Llop ha asegurado que su apuesta por la IA y la robotización está destinada a proyectos de «Anonimización de documentos, textualización de vistas y automatización de cancelación de antecedentes penales y concesión de nacionalidades. Según el ministerio, esta digitalización para la que van a invertir un máximo de 5 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation, pretende reducir los tiempos administrativos de Justicia. En este sentido ha asegurando que «ha permitido pasar de un retraso de hasta cinco años en la concesión de nacionalidades, cumpliendo todos los requisitos, a, como prescribe la ley, concederla en menos de un año».
Sin embargo, una cosa son los datos y las intenciones del ministerio de Llop y otra es la perspectiva de las personas que hacían ese trabajo que ahora está haciendo una Inteligencia Artificial y unos bots. En este sentido, el personal funcionario del Justicia no ve con buenos ojos este proceso de digitalización de los plazos si para ello se están ignorando los reclamos que hacen pidiendo una mejora de sus condiciones laborales. Además, a la sustitución de su trabajo, los funcionarios del ministerio de justicia también tienen que lidiar con que han cancelado la huelga en la que estaban implicados sin haber conseguido que la ministra accediera a reunirse con ellos.
Pilar Llop admite «en diferido» que los funcionarios no son eficientes
El hecho de que la ministra de Justicia haya puesto todos sus esfuerzos en que la Inteligencia Artificial se convierta en la protagonista de las funciones diarias de los funcionarios, supone admitir «en diferido» la ineficiencia del sistema humano actual de su administración. En este sentido, Pilar Llop ha invertido todos sus esfuerzos ejecutivos en que esta robotización se lleve a cabo, pero no se ha reunido en ningún momento con los funcionarios encargados de hacer estas labores. Así, la publicación de esta medida ha hecho que los trabajadores del ministerio, así como abogados de oficio o privados, se posicionen en contra de una medida que no soluciona la situación en la que ellos se encuentran.
En este sentido, profesionales de este ámbito aseguran que es una medida que «estaría genial si las cosas fueran bien» y se posicionan en que «menos Inteligencia Artificial y robotización y más medios para la Administración de Justicia». Una opinión ligada a que la ministra Llop lleva más de medio años, según los funcionarios, sin concederles una reunión para valorar sus derechos en la administración.
El problema de las IA y los Derechos Fundamentales
La ministra de Justicia ha decidido apostar por este proceso de digitalización en un ámbito especialmente sensible. Los bots y las Inteligencias artificiales que ha puesto Llop a trabajar tratan información especialmente vulnerable de los ciudadanos, como son la nacionalidad o la supresión de antecedentes penales. Así, la ministra ha señalado que “una premisa fundamental es que todos los procedimientos de digitalización relacionados con la Inteligencia Artificial tienen que desarrollarse dentro de un marco ético y de respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales».
Aunque estas inteligencias se hayan introducido para agilizar los tiempos de espera de los procedimientos judiciales, en las Jornadas sobre Inteligencia Artificial y Robotización en la Administración de Justicia destacó la cuestión de que este proceso debe realizarse bajo unas «precauciones para que su aplicación se haga con todas las garantías». Además, se aseguró que era necesario que la Inteligencia Artifical se aplicara «atendiendo a las particularidades de la Administración de Justicia y evitando los riesgos y amenazas». Aunque en este momento se está desarrollando la IA como apoyo asistencial y no como modelo decisional, es relevante tener en cuenta las consecuencias que esta implantación puede tener para los trabajadores y para la ciudadanía, quien se puede ver afectada por el trato de sus datos y la interpretación de justicia que no puede hacer una máquina.
