Bruselas acaba de hacer público su último análisis sobre el entorno económico actual y los costes crecientes que han recortado las ganancias de las empresas energéticas entre 2022, llegando a la conclusión de que España debe eliminar la tasa que estableció a las compañías energéticas, que se puso en marcha por los ingresos extraordinarios que estaban teniendo en plena crisis por el precio de la luz y el petróleo. Para la Comisión Europea aquellos precios al consumidor ya no se dan, sobre todo, desde que se puso en marcha la llamada ‘excepción ibérica’. No obstante, Bruselas no puede obligar a ningún país a eliminar medidas fiscales nacionales.
Las empresas energéticas españolas rechazaron desde un principio el tributo por entender que se las penalizaba, sobre todo, por el gran esfuerzo inversor que deben afrontar en el plan de transición energética 2023-2030. Desde la implantación del impuesto empezaron a advertir que tendrían que dirigir sus inversiones a otros países porque con el pago del impuesto se ponen en riesgo inversiones que rondan los 16.500 millones de euros.
La medida fue aprobada por el anterior Ejecutivo de coalición, con Unidas Podemos como adalid del tributo, lo que supuso también un rechazo por parte de PP y Vox. Su problema, por fin, ha llegado a la Comisión Europea y les ha dado la razón. Más aún cuando el nuevo Gobierno de coalición tiene la intención de prorrogar el impuesto a las energéticas e incluso, no descarta dejarlo de forma permanente.
BRUSELAS RECUERDA QUE EN 2022 SE PIDIÓ UNA ‘CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA’ POR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA
Desde el Gobierno argumentan que esta ‘tasa extraordinaria’ se implantó como respuesta a los requerimientos de Bruselas hace poco más de un año para hacer frente a la situación emergencia por los altos precios de la energía. La Comisión Europea había dicho entonces que se trataba de una ‘contribución solidaria’ de las compañías energéticas. En concreto, propuso un impuesto mínimo del 33% sobre los beneficios excesivos generados por las actividades de los sectores del petróleo, el carbón y las refinerías. Las previsiones de los expertos europeos fueron que las energéticas conseguirían unos ingresos en 2022 superiores en un 20% sobre la media de los beneficios de los tres años anteriores. La comisión quería que esos beneficios extraordinarios se redirigieran a los consumidores.
Además, las quejas del sector no parecen hacer mella en los planes de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien ya ha contestado a tanta crítica por el impuesto asegurando que éstas empresas, también los bancos, tienen margen más que suficiente para asumir el impuesto, como lo demuestran sus «resultados millonarios» presentados a lo largo de los tres primeros trimestres del año.
En España, el Gobierno de Sánchez aplicó las indicaciones de Bruselas con la implantación de un impuesto especial por el que se gravaba el 1,2% de los ingresos cuando se superen los 1.200 millones, y una vez excluidos los negocios regulados y las actividades realizadas extra peninsulares y fuera de España. El departamento que dirige María Jesús Montero ya ha dicho que se prorrogará, tras el acuerdo de investidura entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
LA COMISIÓN EUROPEA CONSIDERA QUE YA NO EXISTE CRISIS DE EMERGENCIA
Pero transcurrido más de un año y con los precios, como el de la electricidad y el petróleo, más bajos de lo habitual, y sin que existan ya los motivos que propiciaron esta ‘contribución’, la Comisión interpreta que se debería retirar porque se puede convertir en un castigo a esas compañías, que han dejado de tener beneficios extraordinarios.
Bruselas pone el dedo en la llaga con su informe cuando explica que «la situación es muy diferente de la que existía» cuando el Reglamento del Consejo se comenzó a aplicar en octubre de 2022. Las empresas del petróleo, el gas y el carbón -reconoce el texto- en el actual contexto económico y el aumento de los tipos de interés están registrando recortes de sus beneficios, sobre todo, si se comparan con los beneficios extraordinarios de 2022.
También es cierto que el informe de Bruselas reconoce que los beneficios de las compañías energéticas se encuentran por encima de los niveles históricos, pero al mismo tiempo cree que el entorno para generar aquellos beneficios extraordinarios «se ha atemperado» si se compara con los datos de 2022, y que el entorno actual es todavía más inestable y los tipos de interés más altos. Y a este totum revolutum, agrega el estudio, se suma a que cada energética cuenta con coberturas y contratos a largo plazo diferentes. La eliminación de la tasa supondría «asegurar condiciones favorables para todas en medio de la volatilidad».
LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS EN PIE DE GUERRA
El anuncio del Gobierno de prorrogar el impuesto especial ha calentado aun más el rechazo de las empresas del sector. Advierten que están en juego 16.500 millones en inversiones para la transición energética, justo en un momento que son más necesarias que nunca. Desde una de las patronales del sector (AOP) recuerdan que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contemplaba una inversión de 294.000 millones hasta 2030. Las empresas afectadas ya tienen previsto 16.500 millones para ese periodo, pero el impuesto especial las pone en desventaja competitiva frente a la industria importadora y otros países que no deben ajustarse a ninguna regla de transformación y descarbonización.
Pero no es solo la patronal la que habla, las propias empresas llevan meses rechazando ese tributo penalizador a su actividad. Los máximos responsables de Repsol, Antonio Brufau y Josu Jon Imaz, o Sánchez Galán de Iberdrola, ya han dicho por activa y por pasiva que de seguir el tributo no descartan realizar gran parte de sus inversiones fuera de España. Mientras que otras empresas, como Endesa o Cepsa han recortado sus beneficios considerablemente. Endesa ha obtenido un 36% menos y su presidente José Bogas denuncia la pérdida de competitividad frente a las empresas europeas, y Cepsa ha perdido 116 millones entre enero y septiembre.
