El sector de distribución de carburantes en España está enfrentando un grave problema de fraude fiscal que está afectando negativamente a la actividad empresarial y a las arcas públicas. Las asociaciones del sector, como Aevecar, AOP, CEEES y UPI, se han reunido en una jornada para analizar este problema y proponer soluciones eficaces para combatir este y otros tipos de fraude que están impactando en el sector.
El fraude en la distribución de carburantes no solo afecta a la competitividad de los operadores que cumplen con la normativa, sino que también pone en riesgo la continuidad de las compañías más vulnerables. Además, tiene un impacto significativo en la seguridad de suministro, la recaudación impositiva y la consecución de los objetivos de descarbonización.
Soluciones propuestas para combatir el fraude fiscal
Durante la jornada, se sugirieron diversas soluciones para combatir el fraude fiscal en el sector de distribución de carburantes. Juan José Blanco, socio de KPMG Abogados, destacó la necesidad de mejorar la agilidad de la Agencia Tributaria para actuar y anticipar el pago del IVA, ya que el fraude resta ingresos al Estado y expulsa del mercado a operadores cumplidores.
Marina Barbanti, directora de UNEM (Unione Energie per la Mobilità), señaló que en Italia fue clave la colaboración con la Administración para identificar las causas y aplicar medidas adecuadas, lo que ha permitido reducir el fraude de un 6% a un 1-2% del mercado. Por su parte, Antonio Comprido, secretario general de Apetro-Energia em Evolução, apuntó que las tres causas principales del fraude en Portugal son las insuficiencias regulatorias, la lentitud de la justicia y la falta de coordinación entre las Administraciones.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, resaltó la necesidad de contar con un marco jurídico que ofrezca certezas y genere confianza, mediante la garantía de una competencia leal. Además, advirtió que el fraude fomenta una competencia desleal, va en detrimento del desarrollo empresarial y dificulta el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones.
Medidas urgentes y colaboración con la Administración
Las asociaciones del sector insistieron en la necesidad de retomar la tramitación parlamentaria de la Ley procedente del Real Decreto-Ley 8/2023, que propone garantizar a la Administración el pago del IVA antes de que los carburantes puedan extraerse de los depósitos en los que se almacenan. Esta medida es considerada un paso en la buena dirección para resolver un problema que atañe al conjunto de la ciudadanía.
Además, se propusieron otras medidas para aplicar de manera urgente, como la obligación de liquidaciones mensuales del IVA y la llevanza de los libros de facturas mediante el Suministro Inmediato de Información (SII) para todos los que intervienen en la cadena de comercialización del sector. También se destacó la importancia de incrementar el control, tanto en el proceso de autorización para operar en el sector a los ‘Operadores Petrolíferos’, como a lo largo de toda su vida activa para asegurar que cumplen con sus obligaciones.
El sector coincidió en que es la Administración quien debe intensificar las labores de control y seguimiento, así como adoptar medidas que incrementen la prevención del fraude y la velocidad y capacidad de detección del mismo. La coordinación entre las distintas administraciones es una condición clave para una eficaz lucha contra el fraude. Los operadores minoristas y las estaciones de servicio hicieron especial énfasis en que la prevención y el control en los eslabones previos de la cadena es fundamental.
Respecto a la consecución de los objetivos de reducción de emisiones, se alertó de la intensificación del fraude en incorporación de biocarburantes en los últimos años, que será mayor a medida que aumente el porcentaje obligatorio de combustibles sostenibles a incorporar. Además de suponer una competencia desleal, este fraude tiene un impacto en el clima. Por ello, se plantearon mejoras en el actual sistema de certificación de biocarburantes (SICBIOS) y la incorporación de un sistema de alerta temprana del fraude.
En definitiva, toda la cadena de valor de la producción y distribución de carburantes, que representa a más de 200.000 trabajadores y más de 4.700 empresas, pidió urgentemente la toma de medidas contundentes y acciones concretas, mostrándose dispuesta a colaborar estrechamente con la Administración para abordar de manera conjunta los cambios regulatorios necesarios para poner fin al fraude en la distribución de carburantes y garantizar la seguridad de suministro energético, la protección de los contribuyentes y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.
