En España, la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), también conocida como «Ley Celaá», establece que el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, debe desarrollar un plan para que, en un plazo de diez años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Sin embargo, cuatro años después de la aprobación de esta ley, la situación dista mucho de ser la ideal.
Según denuncia la organización Down España, cada año cientos de alumnos con discapacidad intelectual son derivados a centros de educación especial o se ven obligados a cambiar a dicha modalidad educativa, debido a la falta de los apoyos necesarios, recursos o compromiso de los centros ordinarios. De hecho, la organización advierte que 41.000 alumnos con discapacidad están actualmente escolarizados en alguna modalidad de enseñanza «segregadora».
El Llamado a la Transformación del Sistema Educativo
El presidente de Down España, Mateo San Segundo, ha sido contundente al afirmar que «la situación actual, respecto a la educación, es frustrante porque está involucionando». Él considera que «a día de hoy, ningún niño con síndrome de Down debería quedar fuera del sistema educativo ordinario, porque si la educación no es inclusiva, no es una educación de calidad».
Además, San Segundo señala que, según el último informe del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, «España vulnera gravemente el derecho a la educación inclusiva porque no elimina las barreras de acceso a la escuela ordinaria que encuentra el alumnado con discapacidad y no garantiza su continuidad en la enseñanza secundaria».
El Compromiso Necesario para Lograr una Educación Verdaderamente Inclusiva
Por todo ello, Down España ha lanzado la campaña ‘Quiero ir al cole contigo’ con el objetivo de sensibilizar sobre «la importancia de impulsar la transformación del sistema educativo» y para que la educación inclusiva «sea real, cuente con los apoyos y ajustes necesarios para dar respuesta a la diversidad del alumnado y respete el derecho a la educación de los niños con síndrome de Down».
En este sentido, San Segundo ha insistido en la necesidad de «la elaboración urgente del ‘Plan de Inclusión Educativa’ que cumpla los requerimientos de la ONU y esté acompañado por el compromiso de los agentes implicados: Gobierno, Administraciones, profesionales de la educación, tercer sector y familias del alumnado con síndrome de Down.
