María Luisa Rivas, apoderada de Villafuel, detenida en octubre de 2024 junto a su hermano Claudio Rivas y el empresario Víctor de Aldama, también imputado en el Caso Koldo, por fraude de 230 millones de euros en el IVA de hidrocarburos ha entregado en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, las pruebas que demuestran que devolvió 2,7 millones de euros a Carmen Pano, la empresaria que alquiló un chalet al ex ministro Ábalos. Pano dijo que había entregado ese dinero para obtener una licencia de hidrocarburos, destinado a cumplir los requisitos exigidos por el Ministerio de Industria para convertirse en operador. Sin embargo, Rivas ha entregado hoy las pruebas de las tres transferencias que devolvió al día siguiente de haber recibido ese dinero.
Rivas, que no va a declarar hasta que pueda acceder a sus registros informáticos, embargados por orden del juzgado, ha asegurado que piensa colaborar con la Justicia y contar todo lo que sabe sobre la operativa, pero que necesita consultar el contenido de sus archivos informáticos para hacerlo.
Luego ha aportado al juez Pedraz los justificantes de transferencias del día 22 de julio de 2022 por valor de 2,7 millones de euros a la empresa Combustibles Lucinala, de Carmen Pano, recibidos el día 21 de julio. Es decir, un día más tarde. Rivas ha dicho que eses dinero fue devuelto como «anulación de pedidos» porque no superó el Compliance de Villafuel.
Combustibles Lucinala había hecho hasta 9 transferencias por cantidades diversas hasta completar los 2,7 millones el día antes de que le fueran devueltas. Carmen Pano es la empresaria que aseguró en el Tribunal Supremo haber llevado dos bolsas de dinero con 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz por orden de Víctor de Aldama, un hecho que negó el empresario.
TRANSFERENCIAS A VILLAFUEL
El escrito recoge que en el atestado de la Guardia Civil «se hace constar que la mercantil Combustibles Lucinala, transfirió a Villafuel SL importantes cantidades de dinero que propició, tras su capitalización, la obtención final del título de operadora de productos petrolíferos».
El atestado de la Guardia Civil recogía que «se ha detectado que el día 21/07/2022 Combustibles Lucinala hizo transferencias a Villafuel por importe de 2.700.000 euros».
El escrito presentado por el abogado de María Luis Rivas explica que «la recepción en las cuentas de Villafuel el día (…) coincide temporalmente con la comunicación de fecha 18/07/2022 de mi representada al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, subsanando las deficiencias relativas a su capacidad financiera, que sirvió para contar con fondos suficientes para capitalizar la sociedad».
El documento continúa alegando que «de esta forma, se llega a la conclusión por la UCO, como se expuso en el atestado 209/2024, que estos fondos transferidos por importe de 2.700.000 euros sirvieron a Villafuel para cumplir los requisitos establecidos (…) concretamente de suficiente capacidad financiera, que exige disponer de fondos propios de al menos 3.000.000 de euros que, entre otros requisitos, propició el alta como operador mayorista de hidrocarburos el 15/09/2022».
En el tercer punto del escrito la representación legal de Rivas añade que «es decisión de mi representada la de colaborar con la Justicia para la investigación y aclaración de los hechos objeto de instrucción, teniendo en cuenta la ingente documentación e información que tiene que revisar la UCO, lo que, en ocasiones y con los debidos respetos, no le permite verificar las conclusiones que se alcanzan en el atestado, en este caso ajenas a la realidad de lo acontecido como acreditaremos».
En este sentido, ya el 25 de enero de 2025 María Luisa Rivas solicitó al Juzgado por escrito «se conceda la habilitación necesaria para acceder a las cuentas de correo electrónico titularidad de Villafuel SL, toda vez que contienen información y documentación esencial para garantizar el derecho defensa de mi representada.
Durante la misma comparecencia María Luisa Rivas ha optado por acogerse a su derecho a no declarar y se ha limitado a decir que, en cuanto tenga acceso a sus cuentas de correo electrónico, donde tiene todas las pruebas para poder ejercer su defensa, colaborará plenamente con la Justicia.
Tras Rivas compareció Iván Castañer, que declaró declaro que fue contactado por un tal Antonio que, a su vez, le puso en contacto con Santiago Cirera, propietario de la empresa Skyward Tech, otra de las empresas consideradas testaferra en la trama por los investigadores de la UCO. Castañer ha asegurado que quien daba las órdenes era Cirera. Otro presunto testaferro había sido citado también este jueves, Jaime Salmerón, si bien no ha comparecido al no haber podido ser localizado.
