La meritocracia en la Guardia Civil se enfrenta a uno de sus exámenes más difíciles y mediáticos. La promoción al empleo de General de Brigada no es un trámite administrativo más; es una decisión discrecional del Gobierno que implica la máxima confianza en el seleccionado. Sin embargo, en esta ocasión, el nombre sobre la mesa arrastra un lastre que muchos consideran incompatible con las estrellas de general: su vinculación con los protagonistas de una de las tramas de corrupción que más han desgastado al Ejecutivo en los últimos años.
Francisco José Vázquez es el número dos de la Jefatura de Información de la Benemérita.
El centro de la polémica reside en una medalla que hoy parece pesar más que el propio uniforme. Resulta evidente que el acto de condecorar a Víctor de Aldama —el empresario presuntamente vinculado al cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas— no fue un error de protocolo, sino un gesto que denota una cercanía que la justicia ahora escruta. Para gran parte de la opinión pública y de algunos agentes del cuerpo, ascender a quien validó públicamente la figura de un investigado por corrupción es un mal mensaje para la institución.
En el seno de la Benemérita, el malestar es palpable. La Guardia Civil es un cuerpo que se rige por un código de honor estricto, donde la «mancha» de uno suele sentirse como la de todos. Las asociaciones profesionales ya han comenzado a elevar el tono, cuestionando si el Gobierno está priorizando la fidelidad política o personal sobre la idoneidad ética. Ascender a este coronel supondría, para algunos oficiales que esperan su turno con expedientes impecables, un «tapón institucional» basado en criterios que poco tienen que ver con el servicio al ciudadano.
El Ministerio del Interior, por su parte, se mueve en un equilibrio precario. Por un lado, argumentan que no existe ninguna imputación formal que impida legalmente el ascenso y que la trayectoria profesional del coronel es, en términos técnicos, merecedora de la promoción e intachable. Por otro lado, el coste político de firmar este ascenso en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es altísimo. Resulta fascinante, a la par que preocupante, observar cómo una decisión técnica se convierte en un campo de batalla político donde se mide la capacidad del Gobierno para resistir el desgaste del «caso Koldo».
La sombra de la trama Koldo es alargada y sigue proyectándose sobre los uniformes. No es la primera vez que un mando de la Guardia Civil se ve salpicado por este caso, pero el ascenso a General son palabras mayores. Se trata de pasar a formar parte de la élite que toma las decisiones estratégicas de la seguridad nacional. Si el Gobierno decide seguir adelante, tendrá que explicar muy bien por qué los vínculos con Aldama no son un impedimento para liderar a miles de guardias civiles que cada día luchan, precisamente, contra el fraude y la corrupción.
El desenlace de esta crisis marcará un precedente en la gestión de los altos mandos. Si el ascenso se produce, el Ejecutivo enviará un mensaje de blindaje hacia sus cuadros de confianza, sin importar el ruido exterior. En cualquier caso, el daño a la imagen de la Guardia Civil ya está hecho: la mera posibilidad de que un mando cuestionado alcance el generalato ya ha sembrado una semilla de desconfianza difícil de erradicar.
El ascenso del coronel es mucho más que una promoción militar; es un test de estrés para el Gobierno. En un momento donde la transparencia se vende como bandera, este nombramiento pone a prueba la coherencia de Interior. La Guardia Civil merece mandos cuya única «condecoración» sea un expediente libre de cualquier sombra, especialmente cuando esa sombra tiene nombres y apellidos vinculados a los tribunales. El Consejo de Ministros tiene la última palabra, y el país entero, especialmente los guardias civiles, estarán vigilando qué firma se estampa en el BOE.
