La campaña del PP y Vox contra la regularización de migrantes promovida por el Gobierno central tras negociación con Podemos ha provocado el enfado de ámbitos habitualmente ligados a la derecha como lo son la Iglesia católica o el empresariado.
El PP, que ha firmado un polémico acuerdo con la ultraderecha para gobernar en Extremadura, se ha distanciado de la postura del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, que ha respaldado la regularización aunque con matices sobre su tramitación.
Argüello se pronunció en un encuentro celebrado en la Fundación Pablo VI junto a la diputada ‘popular’ Cayetana Álvarez de Toledo, donde valoró positivamente la medida por su potencial para mejorar la situación de miles de personas migrantes.
El también arzobispo de Valladolid puso el foco en la realidad que observan organizaciones como Cáritas: personas que, pese a estar integradas en la vida cotidiana de barrios y escuelas, continúan trabajando en la economía sumergida. El dirigente eclesiástico defendió que la regularización puede contribuir a consolidar la situación de estas personas y garantizar condiciones de vida más dignas.
Al mismo tiempo, expresó su preferencia por un proceso con mayor participación política, subrayando que este tipo de decisiones deberían propiciar acuerdos amplios entre fuerzas parlamentarias.
En ese contexto, apeló a reforzar la «amistad civil» frente a la creciente polarización, en un momento en el que el debate migratorio se ha convertido en uno de los principales ejes de confrontación política. Estas posiciones contrastan con el endurecimiento del discurso de PP y Vox, especialmente tras el acuerdo alcanzado en Extremadura.
El pacto introduce restricciones al acceso de personas en situación irregular a servicios públicos y plantea la aplicación del llamado “principio de prioridad nacional” en ayudas y prestaciones. El documento también recoge medidas como la devolución de menores no acompañados o el rechazo a los mecanismos de reparto de migrantes entre comunidades autónomas, en una línea política que vincula inmigración con problemas de seguridad y convivencia.
Frente a este enfoque, el posicionamiento del empresariado ha seguido una lógica diferente, centrada en las necesidades del mercado laboral. Dirigentes como Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, y Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, han coincidido en respaldar la regularización, destacando su importancia para el funcionamiento de la economía.
Durante un foro económico celebrado esta semana, los representantes empresariales subrayaron que España necesita mano de obra y que la inmigración es un factor clave para sostener el crecimiento. En los últimos años, una parte significativa del empleo creado ha sido ocupada por trabajadores extranjeros, lo que refleja su peso creciente en el tejido productivo.
Desde esta perspectiva, la regularización se entiende como una herramienta para ordenar una realidad ya existente: la presencia de miles de personas que trabajan sin papeles. Integrarlas en el mercado laboral formal permitiría, según el empresariado, mejorar la productividad, aumentar los ingresos fiscales y reducir la economía sumergida.
Las patronales defienden la postura del Gobierno
Los empresarios también han puesto el acento en la necesidad de vincular este proceso al empleo. Consideran fundamental que los trabajadores que accedan a la regularización puedan incorporarse de forma efectiva a sectores con demanda de mano de obra, lo que requiere políticas activas de formación y adaptación profesional.
En esa línea, han planteado la posibilidad de desarrollar programas específicos de cualificación, así como mecanismos de financiación que faciliten el acceso a estos itinerarios formativos. El objetivo es alinear las capacidades de los trabajadores con las necesidades reales de las empresas. Otro de los aspectos destacados por el empresariado es el contexto demográfico.
Las previsiones apuntan a un aumento significativo del número de jubilaciones en la próxima década, lo que generará una fuerte demanda de nuevos trabajadores. Según estas estimaciones, la economía española no podrá cubrir ese déficit únicamente con población activa nacional.
La inmigración aparece así como un elemento estructural para sostener el sistema productivo y garantizar el relevo generacional en el mercado laboral. En este escenario, la regularización no solo responde a una cuestión social, sino también a una necesidad económica.
