La Oficina Nacional de Auditoría (NAO) del Reino Unido ha publicado un informe exhaustivo sobre los alquileres de propiedades de la Crown Estate que ocupan varios miembros de la familia real británica. El documento, adelantado por Point de Vue, revela condiciones económicas muy ventajosas para algunos royals, subarriendos que generaron ingresos personales y rentas simbólicas que afectan a las arcas públicas.
El caso que menos controversia levanta es el de los príncipes de Gales. Guillermo y Catalina se mudaron a Forest Lodge, una mansión en el Gran Parque de Windsor, tras unas obras de renovación que la Crown Estate sufragó con un coste de 458.000 euros. Desde entonces, los príncipes pagan un alquiler trimestral de 88.750 euros, que se revisará cada cinco años y que, según el NAO, está en línea con el precio medio del mercado. Las obras de interior corriendo a su cargo completan una situación que, al menos formalmente, se ajusta a la legalidad.
Más polémica despiertan las condiciones de las princesas Beatriz y Eugenia. Sin funciones oficiales, las hijas del príncipe Andrés residen en palacios reales gracias a que su tío, el rey Carlos III, financia sus alquileres con cargo al Privy Purse, su asignación privada procedente del ducado de Lancaster. El informe constata que esos alquileres no se revisan desde hace años y están entre un 40 y un 50 % por debajo del del precio de mercado.
En una situación similar se encuentran los ancianos príncipe y princesa Miguel de Kent, primos de Isabel II, que también disfrutan de tarifas preferenciales en el palacio de Kensington. La investigación recuerda el escándalo de 2002, cuando se supo que pagaban solo 69 libras esterlinas semanales por un lujoso apartamento cuyo mantenimiento corría a cargo del contribuyente.
Andrés de York y los subarriendos: el agujero en las cuentas públicas
El informe del NAO dedica especial atención al príncipe Andrés. Durante más de veinte años, hasta abril de 2026, el exduque de York subarrendó tres cottages situados dentro del complejo de Royal Lodge, en el Gran Parque de Windsor. Por esa vasta propiedad, Andrés abonaba un alquiler meramente simbólico, mientras ingresaba personalmente las rentas de los subarriendos. La agencia PA confirma que los términos de su contrato de alquiler le permitían explotar hasta tres parcelas del total de la finca.
El exministro de Interior Norman Baker ha calificado estos hechos como «un desprecio total y absoluto hacia el contribuyente». Baker señala que Andrés «pudo beneficiarse de un alquiler simbólico por una propiedad gigantesca y, además, ganar millones subarrendando bienes inmuebles. Ese dinero debería haber ido a la Crown Estate».
Aunque los príncipes de Gales pagan precio de mercado, los casos de Andrés y Eduardo demuestran que los privilegios en los alquileres de la Corona han generado un agujero en las cuentas públicas.
El informe también saca a la luz la situación del príncipe Eduardo y su esposa Sofía, duques de Edimburgo. La pareja abona, como hacía Andrés, un alquiler simbólico por su residencia de Bagshot Park, en Surrey, y ha obtenido ingresos personales subarrendando varios edificios de la finca. La práctica, sin ser ilegal, pone en entredicho la equidad del sistema de propiedades de la Corona.
Transparencia y privilegios: un informe que llega al Parlamento
El trabajo del NAO no se queda en la mera estadística. Servirá de base para la investigación que la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes abrirá sobre los bienes inmuebles de la familia real. La pregunta de fondo es si una monarquía que recibe financiación pública puede permitirse que miembros sin funciones oficiales disfruten de rentas muy por debajo del mercado, financiadas con fondos privados del soberano pero que, en última instancia, proceden del patrimonio de la Corona.
La transparencia en torno a los alquileres de Windsor y otras residencias reales es un termómetro de la confianza ciudadana. En un momento en que las monarquías europeas revisan sus cuentas y ajustan sus gastos, el informe del NAO obliga a la Casa Real británica a dar explicaciones. Mientras los duques de Cambridge mantienen un estándar de mercado, los casos de Andrés, Eduardo y las princesas de York muestran que aún existen zonas de opacidad que el contribuyente británico observa con creciente recelo.
Claves del Protocolo y Estado
- Contexto del acto: El National Audit Office investiga por primera vez de forma integral los alquileres de toda la familia real en propiedades del Crown Estate.
- El detalle de protocolo: Varios miembros no activos pagan rentas simbólicas o muy inferiores al mercado y, en algunos casos, subarriendan para lucro personal sin repercutir en las arcas públicas.
- Próximos pasos: La Comisión de Cuentas Públicas utilizará el informe para interrogar a los responsables de la gestión del patrimonio de la Corona y evaluar posibles reformas.
