EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Parlamento de Canarias ha aprobado la nueva ley audiovisual con los votos del Gobierno de Fernando Clavijo (CC, PP, ASG, AHI) y el rechazo de PSOE, Nueva Canarias y Vox.
- ¿Quién está detrás? El ejecutivo autonómico de coalición promueve una norma que permite elegir al administrador general y a la Junta de Control por mayoría absoluta en segunda vuelta, reduciendo la exigencia de consenso.
- ¿Qué impacto tiene? La oposición alerta de un control político directo sobre la radiotelevisión pública y la llama ‘TeleClavijo’. El nuevo marco también blinda 1.600 horas anuales de informativos propios.
El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la nueva ley audiovisual de las islas, con los apoyos de Coalición Canaria, PP, ASG y AHI, frente al rechazo unánime de PSOE, Nueva Canarias y Vox. Una votación que cristaliza meses de tensión política sobre el modelo de control de RTVC (la Radiotelevisión Canaria) y que la oposición ha rebautizado como la ley del «TeleClavijo», en alusión directa al presidente Fernando Clavijo.
Votación cerrada y cargos elegibles por mayoría absoluta
El texto, que sustituye a la ley de 2014, introduce un cambio sustancial en la gobernanza del ente público. Tanto la Junta de Control como el administrador general podrán ser elegidos por mayoría absoluta en segunda vuelta en la Cámara regional, rompiendo con el consenso reforzado (tres quintos) que exigía la norma anterior. De hecho, ya no es necesario un acuerdo amplio entre grupos, lo que, según la oposición, coloca la decisión en manos del Gobierno de turno.
Además, la ley impide la externalización de los servicios informativos y garantiza un mínimo de 1.600 horas anuales de producción propia, un blindaje que los sindicatos llevaban años reclamando. Los partidos del Gobierno han defendido estas cláusulas como un escudo frente al bloqueo institucional que vivió RTVC en la pasada legislatura y una apuesta por la estabilidad laboral de la plantilla.
La oposición bautiza el cambio como «TeleClavijo»
La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, calificó la nueva ley de «más cara y más compleja» y aseguró que «el Gobierno será el principal guionista de la programación», comparándola con un «NODO en alta definición». Sus críticas añadieron un flanco ideológico: denunció que el texto prioriza «nacionalismo, africanismo, agendas globales, ideología de género y movimiento LGTBI», una línea que no comparten el resto de formaciones opositoras.
Desde Nueva Canarias, Carmen Hernández fue más allá y sentenció que la ley «elimina el poder del Parlamento y carga los contrapesos» para «concentrar el poder en una sola persona». La presidenta del grupo socialista, Nira Fierro, resumió la postura de su bancada: «Han puesto un comisario político encargado de autorizar las emisiones informativas, hasta el veto de determinadas informaciones». Fierro agradeció la lucha de los trabajadores de RTVC, a quienes definió como «silenciados y vetados».
La nueva ley rompe con quince años de consenso parlamentario y concentra en el Gobierno la capacidad de elegir a quienes controlan la radiotelevisión pública.
En el otro extremo del hemiciclo, CC, PP, ASG y AHI defendieron la norma como un instrumento de modernización y cohesión territorial. Vidina Espino (CC) subrayó que se mantiene el «control del Parlamento» con la elección del administrador general y la Junta de Control; Carlos Ester (PP) negó el papel de «comparsa» y calificó de «ridículo estrepitoso» la división de voto del anterior cuatripartito.
El Pulso Territorial
El archipiélago lleva años navegando un debate que también se repite en otras comunidades: cómo evitar que las radiotelevisiones autonómicas se conviertan en altavoces del gobierno de turno. La ley de 2014, aprobada bajo el mandato de Paulino Rivero (CC), nació precisamente para garantizar mayorías reforzadas y pluralismo tras la creación del ente. Ahora, Fernando Clavijo cuenta con una mayoría parlamentaria sólida que le permite prescindir del PSOE y de Nueva Canarias, algo que la oposición lee como un intento de blindar la influencia del Ejecutivo sobre la televisión pública.
No es un caso único en la España autonómica. Otras comunidades como Baleares (IB3) o Aragón (CARTV) han vivido tensiones similares en torno a la politización de sus medios públicos, aunque en ningún caso se había eliminado el requisito de tres quintos para los órganos de control. El dato comparativo que mejor retrata la situación: Canarias pasa de ser una de las pocas autonomías que exigían consenso parlamentario a situarse en el grupo de las que permiten la elección por mayoría absoluta, como Castilla-La Mancha o Murcia. La pregunta que queda en el aire es si esta ley sobrevivirá a un cambio de gobierno o si se convertirá en otro campo de batalla electoral. Las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2027, darán la respuesta.
Ficha Autonómica
- El caso: Aprobación de la nueva ley audiovisual de Canarias que sustituye a la de 2014 y modifica el sistema de elección de los órganos de control de RTVC.
- Datos importantes: Votación con el apoyo de CC, PP, ASG y AHI (32 votos a favor) y el rechazo de PSOE, NC y Vox (28 en contra). La ley impide externalizar informativos y fija 1.600 horas anuales de producción propia.
- Resumen: El Gobierno de Fernando Clavijo saca adelante una norma que reduce la exigencia de consenso para nombrar al administrador general y a la Junta de Control. La oposición denuncia la creación de una «TeleClavijo» y el PSOE habla de un «comisario político» al frente del ente.
