La jueza de la DANA ha inadmitido la petición de la defensa de Salomé Pradas para que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, aportara voluntariamente sus comunicaciones del 29-O, en un auto dictado ayer miércoles. En cambio, la instructora abre la puerta a solicitar las facturas telefónicas de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La diferencia, explica el auto, es de fondo jurídico. Se investiga un presunto delito de homicidio imprudente, no doloso, por lo que la aportación de llamadas por parte de testigos es voluntaria, no forzosa. Bernabé, en su declaración testifical del 14 de abril de 2025, se negó alegando el “carácter personal” de su móvil. En cambio, Polo sí entregó voluntariamente la factura del 29 de octubre de 2024 a la comisión de investigación de las Corts Valencianes. “Son dos situaciones distintas”, resume la magistrada.
De esa diferencia nace la decisión judicial. La defensa de la exconsellera de Interior y portavoz del Consell pidió a la juez que reclamara a la delegada del Gobierno sus comunicaciones con el presidente de la CHJ aquel día. La instructora lo ha rechazado. A Polo, en cambio, “no se le pidió su factura en su declaración ni en otro momento, anterior ni posterior”, por lo que, “por agilidad procesal”, la jueza solicitara directamente al testigo los listados de las que ya obran en poder del parlamento autonómico.
Lo que la comisión de investigación ya conoce y lo que la jueza quiere comprobar
La CHJ, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, remitió a las Corts las facturas de las llamadas de su presidente después de que este compareciera voluntariamente. Esa lista ya es pública en el ámbito parlamentario. La instructora quiere incorporarla formalmente a la causa penal, como un elemento más para reconstruir la cadena de decisiones que aquella tarde noche dejó 231 víctimas mortales en la Comunitat Valenciana.
Entre tanto, la portavoz del gobierno valenciano bajo la presidencia de Mazón declaró ante la jueza que se enteró “por la tele” de que el Cecopi se había reunido. Una frase que ilustra el caos informativo del 29 de octubre de 2024, el día en que la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos, el fenómeno meteorológico que causó las devastadoras inundaciones) golpeó con más dureza.
La jueza no fuerza a la delegada del Gobierno, pero sí buscará en Polo las llamadas que ya exhibió en las Corts: una manera de acelerar sin forzar los límites constitucionales de la intimidad.
El Escenario Valenciano
El auto llega en un momento delicado para la política autonómica. Con Juanfran Pérez Llorca al frente de la Generalitat desde diciembre de 2025, el Consell del PP y Vox mantiene un tenso equilibrio. La investigación de la DANA sigue poniendo el foco en la gestión del gobierno de Carlos Mazón, y cada decisión judicial salpica la estrategia del actual ejecutivo. La negativa a reclamar las comunicaciones de Bernabé evita un choque directo con el Gobierno central de Pedro Sánchez, aunque también deja al descubierto la colaboración desigual entre instituciones aquella noche. A nivel nacional, la causa es seguida con atención porque puede sentar jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de cargos públicos ante catástrofes naturales. En las Corts Valencianes, la oposición de PSPV y Compromís insiste en que la justicia aclare todas las comunicaciones del 29-O, y la jueza avanza ahora un paso más con la solicitud a Polo. El calendario judicial apunta a nuevas comparecencias después del verano.
Ficha del Caso
- El caso: La jueza instructora de la DANA rechaza pedir las comunicaciones de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, porque no las ha aportado voluntariamente como testigo, pero admite solicitar al presidente de la CHJ, Miguel Polo, los registros de llamadas que ya entregó a la comisión de investigación autonómica.
- Datos importantes: La investigación se centra en presuntos delitos de homicidio imprudente. La entrega de facturas por testigos es voluntaria. Polo ya compartió sus comunicaciones del 29 de octubre de 2024 con las Corts. Bernabé se acogió a su derecho a la intimidad.
- Resumen: La instructora gana agilidad procesal al descartar la petición sobre Bernabé y obtener por la vía del consentimiento previo los datos de Polo, piezas clave para reconstruir la cadena de mando y la gestión del aviso hidrológico el día de la catástrofe.
