México mueve ficha y el temblor se siente en las cuentas de resultados de dos gigantes españoles. Una orden de la Comisión Nacional de Energía (CNE) obliga a migrar todos los permisos eléctricos anteriores a 2014, y en ese paquete viajan 42 parques eólicos que operan bajo el antiguo esquema de autoabastecimiento. Entre los afectados figuran Iberdrola y Acciona, dos pesos pesados de la energía patria que llevan décadas apostando por el viento mexicano. Vamos a ver qué está pasando y, sobre todo, qué se juega España en este envite.
Indignómetro
Nivel de impacto para España: 8/10. La medida atañe directamente a compañías españolas con inversiones millonarias en el país azteca. Según los datos de la CNE, los 42 proyectos eólicos en cuestión han requerido más de 9.000 millones de dólares desde 1991, y una parte sustancial de esa cifra lleva el sello de Iberdrola y Acciona. La transición puede frenar su rentabilidad futura y erosiona la imagen de seguridad jurídica que el capital extranjero necesita en cualquier mercado.
Qué está pasando con los permisos eólicos en México
El regulador mexicano ha identificado 220 permisos de autoabastecimiento que todavía se rigen por la vieja Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), derogada en 2014. De ellos, 42 corresponden a centrales eólicas en operación, con una capacidad conjunta de 4.424 megavatios. Son, nada menos, que el 54 % de toda la potencia eólica instalada en el país. La CNE quiere que estos parques abandonen la figura de autoabastecimiento y adopten los títulos de generación que contempla la vigente Ley del Sector Eléctrico (LSE), un marco mucho más fiscalizado y que acaba con los «precios hermanos» de los que disfrutaban los socios del autoabasto.
El órgano regulador explica que la migración voluntaria aporta certidumbre jurídica, tarifas de transmisión congeladas hasta 2028 y un procedimiento administrativo simplificado sin nuevos derechos. Sin embargo, la realidad es más agria: el autoabastecimiento permitió durante años que miles de clientes —hasta 77.000, según los registros— recibieran electricidad a precios preferentes, una suerte de «mercado negro» que el expresidente Andrés Manuel López Obrador denunció como una puñalada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El mensaje es claro: el Gobierno quiere ordenar el sector y, de paso, reforzar a su empresa pública.
Por qué este golpe afecta tan de lleno a las empresas españolas
Aquí está la clave que nos toca a nosotros. Iberdrola México, filial del grupo vasco, es uno de los mayores operadores eólicos del país, con varios parques construidos bajo el amparo de los permisos anteriores a 2014. Acciona, aunque con una cartera más modesta, también tiene intereses directos en parques de Oaxaca, Tamaulipas y Baja California, los estados donde se concentra la generación. Los 9.066 millones de dólares invertidos desde los años noventa llevan, en buena medida, el logotipo de estas compañías. Si la migración al nuevo marco encarece las condiciones de operación —los críticos temen que las nuevas tarifas de transmisión acaben siendo más altas una vez expire el congelamiento—, la rentabilidad de esos proyectos se resiente.
Conviene recordar que España es el segundo inversor mundial en renovables, y México ha sido tradicionalmente un destino predilecto para nuestra industria. Poner en jaque esos activos envía una señal desalentadora al conjunto del tejido empresarial español, que ya lidia con otros frentes regulatorios en América Latina. Además, la imagen de las compañías de nuestro país queda expuesta: durante el sexenio de AMLO, Iberdrola fue señalada en repetidas ocasiones por supuestas ventajas otorgadas por gobiernos anteriores, y ahora cualquier tropiezo regulatorio podría reavivar esa narrativa.
El precedente que ya puso en jaque a las renovables españolas
Para leer bien esta noticia hay que viajar un par de años atrás. En 2024, el propio Gobierno mexicano frenó la construcción de varias plantas solares y eólicas alegando falta de capacidad de transmisión, una maniobra que ya afectó a empresas españolas como Acciona. El actual empujón a la migración de permisos es la continuación de una política energética que prioriza a la CFE y aprieta a los productores privados, la mayoría extranjeros. A pesar de los cantos de sirena sobre la voluntariedad del proceso, la presión es evidente: quien no migre se quedará en un limbo jurídico con tarifas inciertas, y eso ninguna empresa española cotizada puede permitírselo.
La diferencia ahora es que la ventana de migración ya está abierta y el taller de repotenciación celebrado por la CNE el pasado fin de semana demuestra que el Gobierno quiere celeridad. Hasta junio de 2026, ya se habían tramitado 52 solicitudes de migración, de las cuales siete eran eólicas. Pero todavía quedan 35 parques sin mover ficha, y es en esa bolsa donde duermen los intereses españoles. La decisión que tomen Iberdrola y Acciona en las próximas semanas marcará el tono de la relación energética bilateral durante los próximos años.
La migración de los permisos eólicos afecta a inversiones españolas que superan los 4.000 millones de euros en un mercado clave para nuestras exportaciones energéticas.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: El regulador mexicano obliga a migrar 42 permisos eólicos de autoabastecimiento a la nueva Ley del Sector Eléctrico, heredados de antes de 2014.
- Datos importantes: 4.424 MW eólicos en juego (54% del total), inversión acumulada de 9.066 millones de dólares, con empresas españolas como Iberdrola y Acciona afectadas.
- Resumen: Es un episodio que tensa la imagen de España como socio fiable en el sector energético mexicano y pone en riesgo la rentabilidad de inversiones millonarias.
